RITA MAGAÑA TORRES
El senador del PRI, Teófilo Torres Corzo, impulsa una iniciativa para actualizar la Ley de Aviación Civil y elevar la calidad de servicios aéreos y evitar irregularidades que afectan a usuarios en su dignidad, patrimonio o derechos, incluso que estos problemas se resuelvan antes de que quede listo el nuevo aeropuerto.
Advirtió que actualmente los consumidores de este tipo de servicios no cuentan con suficientes instrumentos legales para garantizar la protección de sus derechos, ni las autoridades tienen facultades necesarias para intervenir en su auxilio.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico señaló que una de las sanciones para las líneas aéreas que incurran en faltas podría ser la pérdida del permiso para prestar el servicio.
Precisó que habrá que fijar multas, sanciones y, sobre todo, exigir el buen trato a los pasajeros, si las aerolíneas son reincidentes, no hacen caso a la autoridad y siguen las quejas, “por supuesto que debe caber la revocación de la autorización a esa línea para seguir volando.
Sin embargo, comentó que no se trata de perjudicar aerolíneas, pero tampoco se puede permitir que sigan teniendo a los mexicanos olvidados con vuelos y cancelaciones, en la forma que nos tratan.
Por ello, indicó que la solución de los conflictos en este sector “queda a la voluntad de las empresas”, la aviación civil es un sector estratégico para la economía y progreso de cualquier país.
Sin ello, agregó, difícilmente podremos establecer y mantener las relaciones comerciales, políticas, educativas y culturales.
Destacó que es de suma importancia contar con un marco jurídico actualizado, pero sobre todo ágil, que permita elevar la calidad de los servicios aéreos y proteger los derechos humanos de los usuarios.
Argumentó que en general, la mayoría de las personas, cuando menos en una ocasión, han recibido alguna afectación por retrasos o cancelaciones de vuelos, sobreventa de billetes, pérdida o daños al equipaje, y lo más grave, por tratos ofensivos o discriminatorios.
Ante este escenario, propuso “corregir” la Ley en temas relativos al retraso de vuelos, cancelaciones y sobreventa de billetes; responsabilidad de las aerolíneas por extravío de equipaje o daños causados a pasajeros; así como validación de tarifas y de las condiciones de comercialización.
Planteó que concesionarios o permisionarios fijen libremente las tarifas por los servicios que presten, bajo principios que permitan dicha prestación en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad, permanencia, higiene, respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.
Además, propuso que en caso de que el vuelo se cancele, la aerolínea esté obligada a proporcionar transporte digno y oportuno hacia un lugar de alojamiento del pasajero, cubriendo el costo del mismo, más los gastos que se generen por alimentos y el regreso al aeropuerto, si así lo desea.
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