RITA MAGAÑA TORRES
El senador del PRD, Encinas Rodríguez, manifestó que la desaparición de 43 normalistas Ayotzinapa y otros hechos de violencia e impunidad dan aviso sobre una crisis en materia de derechos humanos en México.
Señaló que esta opinión se respalda con las observaciones del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, en la audiencia en Washington, en la que se habló de violaciones graves a los derechos humanos y otros temas de impunidad.
Dijo que situaciones como Ayotzinapa son parte de un fenómeno que se ha repetido, no es un hecho nuevo, ha habido ya situaciones muy dramáticas.
Hizo hincapié en que hay un problema grave en procesos relacionados con el diseño de leyes o de gestión pública, que favorecieron prácticas dolorosas de abuso de poder que desgarran el tejido social de nuestro país, y que lo han llevado a un contexto de crisis de derechos humanos.
Encinas Rodríguez celebró que representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala busquen un acuerdo en la CIDH para formar un grupo de expertos que «garantice la transparencia» de investigación y preste apoyo a los esfuerzos por localizar a los jóvenes.
Recalcó que esta asistencia técnica no puede sustituir el trabajo del Estado, ni lo exime de sus obligaciones y responsabilidades, pero puede ser vista como un complemento que ayude a esclarecer las investigaciones, pues la CIDH supervisará el papel de ese grupo de trabajo independiente.
Por otra parte, lamentó el enfrentamiento entre militares y civiles que dejó un saldo de cinco muertos y cuatro detenidos en el paraje Cerro de La Culebra, en Luvianos, municipio del sur del Estado de México.
De acuerdo con informes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la balacera se registró alrededor de las 8:00 horas y participaron elementos adscritos a la Base de Operación Mixta que opera en esa zona.
Ante esto, Encinas Rodríguez exigió a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de este suceso.
Señaló que investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya confirman que el gobierno mexiquense torturó a testigos y manipuló pruebas periciales, a fin de encubrir los actos cometidos por el Batallón 102 del Ejército en esa entidad.
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