Los actos de corrupción en las que se vieron incvolucrados funcionarios del gobierno federal tuvieron un costo a los mexicanos en 2021 de nueve mil 500 millones de pesos, lo que equivale a tres mil 44 pesos promedio por persona afectada. En tanto, 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o tuvo contacto con algún servidor público en México, experimentó actos de corrupción.
Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi, se detalló que los estados con mayores tasas de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por ciudadanos fueron, Quintana Roo con 20.4%; Puebla, 19.6%; Baja California, 19.4%; Durango, 18.4%; y Estado de México, 17.7%.
- Mientras que el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, con 65%. Le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con 24%. El trámite con menor porcentaje de incidencias de corrupción el año pasado fue atención médica programada, con una tasa de 0.3%, seguido de pago ordinario del servicio de agua potable, con 0.9%.
- El grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos en el ámbito nacional mejoró, al pasar de 47.2% en 2019 a 48.2%, el año pasado. A su vez, en materia de servicios básicos, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades. Dichos servicios obtuvieron grados de satisfacción de 70.5% y 53.7%, respectivamente.
Al respecto, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Publica y Justicia del Inegi, Óscar Jaimes, explicó que en 65 de cada 100 tramites donde participa alguna autoridad de seguridad pública se realiza un acto de corrupción, mientras que los demás trámites no rebasan el 30% de probabilidad de sobornos.
Cuando hay un contacto entre la ciudadanía y las policías es donde se presenta la corrupción. No podemos distinguir cuál es el tipo de interacción. Puede ser entre los diferentes tipos de contactos que se dan: infracciones de tránsito, cuestiones relacionadas con conductas.— Oscar Jaimes, director General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- De acuerdo con la información presentada, el costo a consecuencia de la corrupción por el contacto con autoridades de seguridad pública fue de tres mil 186 millones de pesos; por los trámites vehiculares, 402 millones; mientras que la documentación que se realizó en el Registro Civil, fue de 62 millones, y por el pago de la tenencia, 61 millones.
- Sobre la confianza en instituciones o actores de la sociedad, 86.7% de la población de 18 años y más identificó a familiares como los actores que mayor confianza inspiran y 79%, por escuelas públicas de nivel básico. En caso contrario, confían menos en los diputados, senadores, policías y partidos políticos. Además, la encuesta menciona que a nivel nacional, 45.1% de la población confía en los gobiernos estatales.
El tema de confianza (en instituciones) es uno de los temas fundamentales para estudiar el tema de gobernanza en las sociedades contemporáneas. Es muy importante el tema de confianza en la interacción que tenemos con los ciudadanos, compañeros, familia, con las instituciones públicas en el desarrollo democrático de cualquier país.— Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi.
Reprueban vialidades y a policía
En contraste, los servicios básicos peor calificados por la ciudadanía fueron calles y avenidas, policía y alumbrado público. El grado de satisfacción de estos servicios en el ámbito nacional fue de 25.1%, 25.3% y 40.5%, respectivamente.
Además, 83.1% de la población manifestó estar satisfecha con la educación pública universitaria. La satisfacción con los servicios de salud estatales o el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue de 54.5%. En lo que respecta al transporte público masivo automotor el grado de satisfacción se ubicó en 38%.
México retrocedes en prevenir y sancionar corrupción
México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son de las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, revela la «Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022«.
- El estudio, realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R.
- Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción carecen de independencia y que la persecución penal se ha hecho con un sesgo político.
«La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
«Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente», advierte.
Ocupa México lugar 9 de 17 países de AL: estudio
En el último año, México presentó retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción, los cuales, además de ser insuficientes, han sido utilizados para fines políticos, advierte la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, de la barra de abogados de Nueva York.
- El estudio coloca a México en el lugar 9 de 17 países evaluados, con una calificación general de 5.64 puntos, en una escala del cero a 10. Nuestro país está por debajo de Perú (6.06) y arriba de Bolivia (5.50).
- Cabe señalar que este informe se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Sobre México, el análisis de los expertos advierte que pese a que es el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación (9.30), se coloca como el sexto peor en materia de autoridades y en número 10 al hablar de la implementación de las leyes anticorrupción.
Por ello, el reporte sostiene que “México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente, si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
encig2021_principales_resultados
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