APRO
“Si en Puebla se va a castigar con seis años de cárcel a quien haga pintas en edificios históricos, ¿cuál será el castigo para el gobernador Rafael Moreno Valle, quien demolió una casa catalogada como protegida en el Barrio del Artista?”, reclamó el activista Fernando Cuéllar.
El representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” recordó que hace más de un año presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la destrucción que cometió el gobierno de Puebla en noviembre de 2012 del inmueble conocido como “Casa del Torno”.
Desde entonces, señaló, la denuncia número AP153/2014/4PGR ha quedado “congelada” pues no se ha realizado ninguna diligencia sobre el caso.
Hace apenas unos días, a propuesta del diputado panista Eukid Castañón –uno de los hombres de mayor confianza de Moreno Valle–, el Congreso del Estado aprobó una reforma para castigar hasta con seis años de cárcel y considerar delito grave las pintas o daños que personas causen a edificios considerados patrimonio cultural de la ciudad.
“Yo lo que me pregunto es, si se va a castigar con seis años a alguien por grafitear ¿Cuál va a ser la pena para el gobernador Moreno Valle y sus funcionarios que son responsables de demoler una casa protegida por el INAH?”, recalcó Cuéllar.
De hecho, comentó que aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó reconstruir el edificio que formaba parte del paisaje del Barrio del Artista, uno de los paseos más tradicionales de Puebla, hasta la fecha en el lugar sólo hay ruinas y parte de las obras de cimentación profunda que el gobierno poblano realizó para construir una estación de lo que sería el teleférico.
Recientemente, el gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara, informó al Cabildo que se requerirán 10 millones de pesos para reconstruir el inmueble del Siglo XVII.
Sin embargo, el activista Fernando Cuéllar recordó que en la destrucción de este edificio histórico hay responsables porque su demolición se llevó a cabo sin contar con permisos del INAH ni tomar en cuenta que era patrimonio cultural edificado de Puebla.
Por ello, dijo que además de fincarles responsabilidades legales, los autores de esa destrucción tendrían que pagar por los daños ocasionados y no financiar la reconstrucción del inmueble con recursos públicos.
Además del gobernador Rafael Moreno Valle, el denunciante señaló como responsables al actual alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad –entonces secretario de Infraestructura del Estado–, así como a su antecesor Eduardo Rivera Pérez; a Bernardo Huerta Couttolenc, secretario de Transporte, y Felipe Velázquez Gutiérrez, extitular de Obras Públicas del municipio.
Incluso, dijo que pidió al diputado panista Eukid Castañón, quien ha dicho que su interés es proteger los bienes culturales de Puebla, que lo acompañe a reclamar a la PGR para reactivar su denuncia.
El representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” mencionó que además de la destrucción del patrimonio, los funcionarios responsables deberían responder por el daño al erario que generaron las obras iniciadas en ese lugar supuestamente para construir el teleférico, mismas que, al no contar con los permisos correspondientes, se quedaron a medias.
“¿Saben que le hicieron a todas las estructuras de metal que utilizaron para el teleférico y que no se concluyó? Como no les pagaban, los trabajadores las desarmaron y las vendieron por kilo. ¿Quién va a responder por el daño al erario? ¿Somos multimillonarios en el país para andar tirando dinero?”, se quejó.
“No hay igualdad ante la ley. Lo que hay es impunidad y simulación, porque si se tratara de otra persona, ya estarían en el bote”, concluyó.
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