AGENCIAS
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldó al llamado del presidente Enrique Peña Nieto de aprovechar el momento y cambiar al país, aunque, dijo, esto debe ser sobre la base de la concertación, la transparencia y la rendición de cuentas.
El presidente nacional de este órgano patronal, Juan Pablo Castañón dijo que los retos del México actual no son de un gobierno ni de un solo sector, sino de todos los mexicanos.
Como se mencionó en el Segundo Informe del mandatario federal, el Pacto por México dio resultados para el país, puesto que el trabajo del gobierno y los partidos políticos permitió establecer una plataforma para el desarrollo, mediante los avances logrados con 11 reformas estructurales.
Empero, dejó en claro que “la única manera de lograrlo es construyendo una sólida base de confianza entre los ciudadanos y el gobierno, en la que prevalezcan la concertación, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Lo que México necesita hoy es un pacto ciudadano, que se centre en el diálogo social entre los actores para construir la agenda de la transformación y poniendo como prioridad el combate a la impunidad y la corrupción.
“Un pacto que aproveche los cimientos de las grandes transformaciones que se proponen y nos ayude a acelerar su implementación”, subrayó.
Castañón Castañón mencionó que México merece un cambio verdadero, aquél en el que el ciudadano sea el centro, el principio y fin de toda la vida política, social y también económica, como históricamente lo ha promovido la Coparmex.
Es positivo que en el primer tercio de la actual administración se busque una nueva orientación al principal programa de combate a la pobreza, para acercarlo a opciones productivas y de emprendimiento, con oportunidades para que sus beneficiarios accedan a BECAS, servicios de salud de calidad y mayores opciones educativas.
Coparmex siempre ha promovido un enfoque subsidiario en la interacción de entidades sociales y los beneficiarios de los programas. “Estamos muy a tiempo de lograr más cambios en esa dirección, por eso necesitamos construir un pacto ciudadano, con la participación de todos”, subrayó.
Es necesario que el gobierno haga su parte y sea más eficiente, a través una reforma integral a la gestión pública, para que en los dos tercios que restan a la actual administración, los beneficios que empiezan a vislumbrarse en la macroeconomía, puedan consolidarse.
La intención, dijo, es que estos beneficios lleguen a las familias, a los trabajadores, a las empresas y en general a todos los ciudadanos.
Advirtió que sin un esquema que ayude a bajar el costo país, con mayor transparencia, las reformas estructurales estarían en riesgo de quedar rebasadas por prácticas de opacidad o de probable corrupción, frenando el crecimiento y el desarrollo de los mexicanos.
En este contexto, indicó que la prioridad del pacto ciudadano debe ser la construcción de una agenda con estrategias y compromisos, con indicadores de gestión que permitan constatar que los recursos públicos se canalizan con base en el estricto cumplimiento de la ley.
Se deben aprovechar las oportunidades para potenciar el mecanismo de asociaciones público-privadas, para que los grandes proyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto, la ampliación de carreteras y del transporte, “se transformen en motores de inversión que ayuden a crear empleos y a reactivar el mercado interno”.
El presidente de la Coparmex dijo que para que la economía crezca, las empresas requieren un entorno de confianza y seguridad, incentivos a la inversión y la creación de empleo, y esquemas que reduzcan la carga tributaria y faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas.
“Bajo ninguna circunstancia deben adoptarse medidas que encarezcan los costos laborales a través de aportaciones, derechos y cuotas que las empresas formales aportan al Estado mexicano y sus instituciones”, afirmó.
Agregó que los empresarios reconocen los avances en materia de seguridad pública, pero se necesita seguir fortaleciendo el Estado de derecho y la cultura de legalidad en todo el país, en los tres órdenes de gobierno.