RITA MAGAÑA TORRES
La Comisión Permanente del Congreso exhortó al gobierno de Sonora, las secretarías de Economía (SE) y Medio Ambiente, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a suspender actividades de la mina Cananea, hasta que se evalúen daños por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.
Hizo un llamado a la SE para que ordene la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, con relación a dicha mina, por el daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas.
Conminó a la Conagua a que formule las denuncias ante el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica, a fin de que investiguen y se apliquen las penas por los daños ecológicos generados por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron.
Pidió a la Conagua ponga a disposición pública las muestras y análisis de agua relativas al derrame de tóxicos en ríos Sonora y Bacanuchi, a fin de brindar seguridad a los sonorense, así como a organismos no gubernamentales para que lleven a cabo sus propias valoraciones.
Al presentar la propuesta de urgente resolución, el diputado del PRI, Fidel Pacheco, dijo que la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población, lo cual impidió tomar medidas para prevenir la catástrofe ambiental y afectara a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
El senador del PAN, Héctor Larios, reconoció que no ha habido una respuesta contundente de todas las autoridades involucradas, por lo que estos hechos se tienen que investigar y en caso de existir, deslindar las responsabilidades que correspondan.
Coincidió en que el problema central es el abasto de agua potable, por lo que propuso intensificar los esfuerzos para garantizar el suministro del líquido, realizar un diagnóstico independiente que determine la magnitud de daños ambientales, así como exigir a la empresa reparar las afectaciones.
En tanto, la senadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que no es la primera vez que se presenta este tipo de tragedias en el país y en todos los estados que cuentan con actividad minera se denuncian abusos y violaciones relacionadas con la destrucción del entorno físico, agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y destrucción irreparable de costumbres y formas de vida.
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