AGENCIAS
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de combate a la corrupción.
En la sesión de este miércoles y en medio de un debate y acusaciones entre todas las bancadas respecto a recientes casos de corrupción en el país, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa realizó dicha declaratoria de la reforma constitucional.
La declaratoria contempla el voto aprobatorio de veinticuatro congresos estatales que son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
Asimismo los estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
De inmediato se abrió un debate sobre los alcances de la reforma y los recientes casos de corrupción en diversos niveles de gobierno y estados en el país.
En tribuna, el senador del PRD, Armando Ríos Piter expuso que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción no incluyó el tema del conflicto de interés y aludió diversos casos de presunta corrupción de candidatos y en los gobiernos de estados como Nuevo León, Querétaro, Sonora y el estado de México.
Por su parte, el senador Javier Lozano respondió a las críticas y señalamientos en contra del candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, rechazó que su patrimonio personal y familiar tenga vínculo con actos de corrupción.
La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar destacó que la iniciativa avalada servirá para iniciar el camino para combatir este flagelo y reconoció que como todo proyecto es perfectible y se debe de continuar su actualización para lograr eliminar la corrupción existente en el país.
Graciela Ortiz, senadora del PRI, indicó que de acuerdo con Transparencia Mexicana las familias en el país destinan el 14 por ciento de sus ingresos, es decir alrededor de 32 mil millones de pesos al año, para pagar “mordidas” y otros actos de corrupción para agilizar trámites, por lo que esta reforma es un paso para revertir estas prácticas.
También en tribuna el diputado del PVEM, Tomás Torres, dijo que argumentó que el trabajo conjunto realizado para legislar en materia de combate a la corrupción es loable y se destaca la participación del sector social, del titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo.
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