AGENCIAS
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, por la presunta violación a los derechos de dos reclusos en el centro penitenciario de Caborca, Sonora.
El presidente de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez, señaló que en el Centro de Readaptación Social (Cereso) del citado municipio se denunciaron dos casos de abusos y omisiones, donde un interno falleció y otro resultó lesionado en una riña interna.
Consideró que las autoridades penitenciarias actuaron de manera tardía, lo que revela las fallas en el Sistema Estatal Penitenciario en Sonora.
Sobre el particular, personal de custodia, internos y familiares, así como el director del penal, Rogelio Freaner Valenzuela, reconocen la falta de áreas especializadas para el tratamiento de personas enfermas mentales y clasificación de pabellones por edades y tipo de delitos, agregó.
El ombudsman sonorense refirió que el penal de Caborca cuenta con siete pabellones y enfrenta el problema de sobrepoblación, lo cual dificulta la atención y supervisión a cargo del personal del Sistema Estatal Penitenciario.
Explicó que desde el 14 de octubre pasado, la CEDH ha examinado diversos elementos del expediente relacionado con las quejas integradas de oficio en perjuicio de los internos Juan Manuel y Raúl Adrián.
El primero murió a causa de un golpe en la cabeza después de una riña con otro interno en el área de segregados y al segundo se le extrajo el bazo tras las lesiones provocadas por otro interno.
Ramírez Ramírez consideró que “en ambos casos, el actuar de los custodios y del director del penal, fue inadecuado e impuntual”.
Mencionó que el hacinamiento continúa como la principal causa de violaciones a los derechos de los reclusos, así como la falta de un programa de separación de internos según sexo, edad, antecedentes y el trato que corresponda aplicarles.
En este sentido, recordó que cuando el Estado, por medio de algún órgano de gobierno, priva de la libertad a una persona, asume además de su custodia, la obligación de garantizar una estancia digna y segura en los establecimientos carcelarios.
Este compromiso, subrayó, implica un adecuado resguardo de su integridad y seguridad personal.
En la recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública, la CEDH estableció que colabore para que en el marco de sus facultades y atribuciones investigue la actuación de los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Asimismo que se brinde capacitación continua al personal de los centros reinserción social del estado, para que se garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos de los internos y se presenten ante la CEDH pruebas que acrediten su cumplimiento.
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