AGENCIAS
La CIDH condenó hoy el asesinato presuntamente a manos del crimen organizado de dos defensores de derechos humanos que fueron acribillados a balazos en México dentro de su coche en Tequixquiac, localidad en el corredor entre Lechería y Bojay, zona considerada como «el paso de la muerte».
El asesinato del mexicano Adrián Rodríguez y del hondureño Wilson Castro se produjo el pasado 23 de noviembre, después de múltiples amenazas de las bandas de crimen organizado que operan en la zona, según la organización «Ustedes Somos Nosotros», dedicado a la defensa de los inmigrantes en México.
Ante estos asesinatos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en Washington para pedir a las autoridades mexicanas que actúen «con urgencia» con el fin de identificar los motivos del ataque y sancionar a sus responsables.
Ambos activistas se encontraban en su vehículo cuando tres balazos acabaron con la vida de Rodríguez y otros cinco disparos impactaron contra Castro, que falleció al día siguiente en el hospital de especialidades de Zumpango.
El grupo «Ustedes Somos Nosotros» sostiene que los dos activistas recibieron diversas amenazas del crimen organizado e, incluso, vieron cómo tres de los albergues donde querían alojarse les cerraron sus puertas ante las amenazas de las bandas criminales.
Además, la organización, a la que pertenecían los dos fallecidos, afirma que las amenazas comenzaron en febrero de 2014 después de que los activistas declarasen como testigos en un proceso contra un grupo del crimen organizado que atacó a 20 inmigrantes que se encontraban en el basurero de Tequixquiac.
El grupo afirma que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades municipales mexicanas, a quienes solicitaron protección.
«Esta protección no habría sido efectivamente proporcionada», señala la CIDH, que ya tuvo conocimiento en el pasado de que varios de los integrantes de «Ustedes Somos Nosotros» fueron víctimas de diversas agresiones y actos de hostigamiento.
Por eso, la Comisión pidió hoy a México que investigue de oficio los hechos, sancione a los responsables materiales e intelectuales y abra una investigación para averiguar si los asesinatos se produjeron por el compromiso de las víctimas con la defensa de los derechos de los inmigrantes.
La CIDH subrayó que la investigación «debe de ser emprendida con la debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial».
Los cárteles de crimen organizado son responsables de decenas de miles de asesinatos en México, una ola de violencia que se agravó desde 2006 y que ha dejado más de 22.000 desaparecidos.
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