El 2020 empezó con una estela de muerte para una de las poblaciones más ignoradas del país: la penitenciaria. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de este año, se registraron dos riñas en el Penal de Cieneguillas, en Zacatecas, con un recuento de 17 personas muertas y 10 heridas. Hechos que desafortunadamente no son aislados para las cárceles del país.
Sin embargo, solo cuando ocurre alguna tragedia o incidente mayor al interior de las cárceles se recuerda la deuda que tiene el Estado de crear un sistema penitenciario que proporcione las condiciones necesarias y sea capaz de reinsertar a la sociedad a aquellas personas que cometieron algún delito.
El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH, revela que del 1 de enero al 31 de octubre pasado hubo mil 29 incidentes como homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en las prisiones mexicanas
De ellos, 902 ocurrieron en Centros de Readaptación Social (ceresos) y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Los sucesos más comunes en este periodo fueron las riñas, con 482 en los ceresos y 124 en los ceferesos; los abusos, con 196 solo en los ceresos; y en el tercer sitio los desórdenes, con 92 en ceresos y 2 en ceferesos, indican los datos.
Uno de los eventos más trágicos fue el ocurrido el 10 de febrero de 2016, cuando se registró la que es considerada la peor masacre dentro de un penal en el país: el de Topo Chico, en Nuevo León, donde murieron 49 internos.
La masacre, según las investigaciones, se originó por la disputa que existía entre dos bandos de un mismo grupo delincuencial que operaba al interior de la cárcel.
Sin embargo, pese a los múltiples informes sobre la situación de las personas privadas de la libertad, los incidentes y las quejas dentro de los centros penitenciarios del país continúan registrándose año tras año.
LOS INVISIBLES ESTÁN EN LAS CÁRCELES
En México hay 255 mil 638 personas privadas de su libertad, de acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, una iniciativa de la organización Documenta A.C.
- De ellas, 13 mil 200 son mujeres; 107 mil 295 no tienen sentencia y 8 mil 743 pertenecen a pueblos indígenas.
- La cifra de personas en esta condición en el país equivale a llenar casi tres veces el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, cuya capacidad es de 87 mil 523 personas, por lo que no es un tema menor.
- En México hay 255 mil 638 personas privadas de su libertad, de ellas, 13 mil 200 son mujeres; 107 mil 295 no tienen sentencia y 8 mil 743 pertenecen a pueblos indígenas
El profesor en el posgrado de Derecho de la FES Acatlán señala que los servidores públicos que violen los derechos humanos deberían ser sancionados económicamente, ya que así se les pegaría en el bolsillo y eso podría lograr cambios.
UNIVERSIDADES DEL CRIMEN, TORTURA E IMPUNIDAD
El estado de las prisiones mexicanas saca de nuevo los colores del Gobierno. Lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe sobre el sistema penitenciario 2019. En los reclusorios estatales donde viven buena parte de los presos que hay en el país, persiste la sobrepoblación, el hacinamiento y diferentes niveles de autogobierno.
- Según el informe, el estado de las cárceles apenas varía respecto al diagnóstico del año anterior, o del anterior del anterior. Los datos correspondientes a la calificación nacional de las cárceles en el país revelan que México obtuvo 6.75 en una escala de evaluación de 0 a 10.
- La violencia, riñas y motines son habituales en los penales. Hace apenas unas semanas, un motín en una cárcel de Zacatecas dejó al menos 17 muertos, la mayoría ex sicarios del Cártel de Sinaloa y El Golfo.
Impresiona también que la tendencia en las cárceles sea sobre una insuficiencia de los programas para la prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detención.
- Los problemas se presentan sobre todo en las prisiones estatales de Tamaulipas, con una calificación de 5.42; Guerrero, con 5.92 y Veracruz con 5.94. En practicamente todas ellas existe deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, insuficiente personal de seguridad y custodia, además de la existencia de autogobierno, que el diagnóstico de supervisión penitenciaria describe como el “ejercicio de funciones de autoridad ejercido por personas privadas de la libertad”.
En Tamaulipas, donde el “yugo zeta” controla gran parte de los penales, sólo el Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira alcanzó una calificación de 6.16, considerando que cumple con gran parte de las reglas que permiten a gran parte de los reclusos garantizar sus derechos.
- La ciudad de Matamoros calificó con 5.43, mientras que Nuevo Leredo con 5.38, Ciudad Victoria con 5.22 y Reynosa con 4.91.
- Altimara cuenta con una capacidad de 1,534 espacios para hombres y 26 para mujeres. Tiene una población de 751 hombres y 27 mujeres.
El estado fronterizo se rige por las reglas Nelson Mandela, que establecen que el Estado debe aprovechar el periodo de la privación de la libertad a fin de lograr, en lo posible, que los excarcelados al integrarse a la sociedad, luego de salir de la cárcel, puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.
Desde 2017, la entidad guerrerense a asumido un papel dentro de los peores penales calificados en el país.
En la entidad ocurrió una de las peores matanzas cuando una riña en el penal de Acapulco derivó en la muerte de 28 personas. En ese momento, los hechos revelaron una serie de irregularidades como autogobierno, corrupción y complicidad de los custodios con los reos.
En la tabla de calificaciones del diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el puntaje de los penales en Guerrero fue de 5.92. Estableció que entre las problemáticas detectadas en las cárceles esta la sobrepoblación, hacinamiento, deficiencia en los servicios de salud, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Aún y con la llegada de Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz, la entidad jarocha sigue siendo una de las tres entidades con las peores prisiones del país.
Desde hace años, en las prisiones de esa entidad se han detectado problemas sobre la población, la falta de programas para la prevención de incidentes violentos, las deficientes condiciones materiales e higiene para alojar a los reos, así como deficiente separación entre procesados y sentenciados.
La CNDH destaca el caso del Centro estatal de Poza Rica donde los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, es decir condiciones de autogobierno. También, evidencia que Veracruz carece de una prisión femenil.
En contra parte de las entidades con los penales peor calificados, se encuentran aquellas con un mejor diagnóstico como lo son Querétaro, Tlaxcala y Coahuila. Este último alberga uno de los Centros de Rehabilitación (Cereso) que sicarios de Los Zetas utilizaron para sus operaciones delictivas en 2011.
Se trató del Cereso de Piedras Negras, donde además de la venta de drogas y las extorsiones, reinaba el exterminio de rivales. La prisión, además, cumplió funciones como refugio para los jefes del cártel de la última letra, y centro de reclutamiento: los sicarios elegían a sus nuevos miembros./AGENCIAS-PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
[pdfjs-viewer url=»https://www.puntoporpunto.com/web/wp-content/uploads/2020/01/DNSP_2019.pdf» viewer_width=100% viewer_height=550px fullscreen=true download=true print=true]
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
