RITA MAGAÑA TORRES
Senadoras del PRI pugnan por evitar que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos, así como cualquier persona física o moral soliciten la carta de antecedentes penales como requisito para obtener un empleo.
Para ello, las legisladoras Cristina Díaz, Diva Gastélum, Hilda Flores, Lilia Merodio, Leticia Herrera e Itzel Ríos propusieron reformar el artículo 23 constitucional, a fin de que los ciudadanos involucrados en un proceso judicial, consigan un trabajo digno.
Esta situación, destacaron, representa una pieza clave para lograr su reinserción social, pues no termina una vez que la persona cumple con la pena impuesta por la autoridad jurisdiccional, es necesario generar condiciones para reinsertarse efectivamente a la sociedad ya en libertad.
Las senadoras destacaron que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas que han cometido algún acto tipificado por la ley penal, como delito.
Es la exigencia de muchos empleadores de contar con una “carta de no antecedentes penales”, cuyo requisito es discriminatorio y viola los objetivos de la reforma penal aprobada en 2008, agregaron.
Por tal motivo, indicaron, su propuesta se incluye la posibilidad de brindar esta información únicamente respecto de delitos graves o en los casos establecidos por la ley, por ejemplo en casos de reincidencia o cuando alguna autoridad la requiera para el cumplimiento de sus funciones.
De ahí, la importancia de reformar el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede de la siguiente forma:
La información relativa a los antecedentes penales solo se podrá extender por la autoridad responsable para fines de investigación criminal o por requerimiento de autoridad judicial.
La autoridad responsable podrá otorgar dicha información a los particulares o a las autoridades administrativas, únicamente cuando se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales, manifestaron las senadoras priistas.
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