RITA MAGAÑA TORRES
Hospitales generan a diario 191 mil 557.5 kilogramos de residuos peligrosos biológico-infecciosos, en su mayoría sin control ordenado por la Ley General de Salud, por eso senadores impulsan modificaciones legales para sancionar con inhabilitación, prisión y multa a quienes violen esa norma.
La senadora del PVEM, María Elena Barrera Tapia, alertó que esos desechos pueden derivar en un alto riesgo de contagio de enfermedades, como hepatitis C y Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida (VIH/Sida).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que 40 por ciento de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el ámbito de trabajo.
En la iniciativa, de la legisladora del PVEM, precisa multas de hasta cincuenta mil veces el salario mínimo vigente e inhabilitación de siete a diez años, así como cancelación de autorizaciones y certificados, sin afectar el derecho de denuncia de quienes resultarán afectados.
Plantea sanciones de uno a nueve años de prisión y multa por el equivalente de trescientos a tres mil días de salario mínimo a quien realice un manejo y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de manejo especial, diferente al marcado por la Ley General de Salud.
Considera la creación de un comité de inspección ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de las acciones de identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Además, de manejo especial generados por el establecimiento para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud,
Barrera Tapia indicó que acorde a las estadísticas del Sector Salud, la generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) por cama en un día es de 1.5 kilogramos, multiplicados por las 127 mil 795 camas censables, la suma total es de 191 mil 557.5 kilogramos de estos desechos.
Esto, sin considerar los centros de salud de consulta externa, laboratorios de muestra y análisis clínicos, consultorios particulares, ambulatorios y aquellos establecimientos rurales que ofrecen servicios de salud.
La legisladora refirió que el personal médico es el primero en enfrentar los riesgos contra su salud por el manejo de dichos desechos, pero también existen implicaciones de deterioro ambiental causadas por la incineración de los mismos y su negligente control.
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