RITA MAGAÑA TORRES
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Miguel Barbosa Huerta, declaró aprobado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción.
Informó que 24 congresos estatales notificaron su voto a favor al decreto, por lo que se reúne la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados que se requieren para dar plena validez a la reforma a la Carta Magna.
Los congresos que notificaron el aval a la reforma fueron Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Barbosa Huerta remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación y dijo que la Comisión Permanente estará a la espera de recibir las resoluciones de otras legislaturas estatales, para su integración al expediente correspondiente.
Por otra parte, Barbosa Huerta sometió a votación de la asamblea y obtuvo la aprobación de un acuerdo que tiene el objeto de evitar la duplicidad en la literalidad de la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional.
Por lo anterior, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades y municipios, declaratoria emitida el 6 de mayo pasado, las menciones que aparezcan referidas en la fracción XXIX-V, quede como XXIX-W.
Este acuerdo se comunicará a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en estos términos.
Al presentar posicionamiento, la diputada María San Juana Cerda Franco, de Nueva Alianza, señaló que la corrupción es uno de los más graves problemas de México, un “cáncer que corroe las instituciones”, frena el crecimiento económico y vulnera el estado de derecho.
En lo político, dijo, la impunidad entorno a la corrupción debilita el mandato de los gobernantes y abre flancos para que poderes fácticos y criminales se infiltren en las instituciones.
El senador del PRD, Armando Ríos Piter, destacó que con la participación de la sociedad civil, diversas organizaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, academia y organismos internacionales, se entrega a la sociedad un Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, se necesita una agenda puntual para que, junto con las organizaciones, se tenga una metodología definida para tener productos legislativos pendientes con el Sistema, como la participación ciudadana, unidad de inteligencia financiera, conflicto de intereses, entre otros.
el PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval, subrayó que desde 1943 su partido político hablaba ya sobre la existencia de un sistema anticorrupción, y que una de sus primeras propuestas fue la que creó la Ley de Transparencia.
El Sistema Nacional Anticorrupción está bien diseñado, partió de una iniciativa de Acción Nacional e incorpora propuestas de sociedad civil y asociaciones. Es un sistema articulado de manera correcta, no crea instituciones sino que faculta a las existentes en la prevención, investigación y sanciones, reiteró.
Por el PRI, la senadora Graciela Ortiz advirtió que la corrupción afecta la vida del país en todas las direcciones, por lo que se debe resolver en la etapa constitucional con esta declaratoria y posteriormente en las leyes que integran el Sistema. “La corrupción debe preocuparnos porque nos alcanza a todos”, afirmó.
Destacó que el Observatorio Económico de México ha mencionado que la corrupción genera una pérdida económica equivalente al 2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, lo que representa 341 mil millones de pesos.
Por su parte, el Banco Mundial ha señalado que el costo de la corrupción en México representa el 9 por ciento del PIB, es decir, 1.5 billones de pesos anuales, mientras que la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor calcula 120 mil millones de pérdidas por este flagelo, lo que representa casi el 20 por ciento del PIB Nacional.
En este sentido, recalcó que según cifras de Transparencia Mexicana las familias mexicanas destinan 32 mil millones de pesos anuales a la corrupción, es decir, llegan a ocupar hasta el 14 por ciento de sus ingresos al pago de mordidas, 165 en promedio por cada una.
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