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Organizaciones civiles feministas y especializadas en juventud, como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e Ipas México, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reinstalaron el Comité Promotor de la Campaña “Hagamos un hecho nuestro derecho”.
Con ello se busca una actualización jurídica y conceptual a la Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes –publicada por la CNDH en 2001–, con lo que además de brindar información a la juventud se trata de eliminar las barreras culturales y sociales que limitan a esta población el acceso a sus derechos.
La cartilla fue publicada por la CNDH en 2001, año en que la ONU reconoció a los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos (DH).
En ella se enuncian 13 derechos de las y los jóvenes mexicanos, entre los que destaca el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y la sexualidad, a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual y el derecho a manifestar públicamente los afectos, entre otros.
En conferencia de prensa hoy se dio a conocer que se integró un nuevo Comité Promotor de la Campaña, que adecuará los contenidos de la cartilla a las recientes reformas en materia de DH, y a las nuevas concepciones sobre homosexualidad y salud sexual y reproductiva. Entre las organizaciones que integran el comité también están Elige y Kinal Antzetik.
María Goretty Moreno Martínez, integrante de CDD, expresó que a casi 15 años de que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos, las y los jóvenes mexicanos aún enfrentan severas barreras para acceder a servicios de salud, anticonceptivos y formas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente en las jóvenes.
Apuntó que aunque hay avances en la materia, persisten retrocesos muy claros en la política pública, por ejemplo la decisión tomada en 2012 de que cada entidad federativa sería responsable del presupuesto destinados a métodos de control natal, lo que derivó en que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero tengan un desabasto de anticonceptivos de entre 15 y 22 por ciento, lo que trae como consecuencia embarazos en adolescentes.
Es de recordar que, según cifras oficiales, las adolescentes unidas de 15 a 19 años de edad muestran la mayor proporción de necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) con 26.4 por ciento.
Del total de nacimientos registrados entre 2008 y 2011, el 19.6 por ciento correspondieron a adolescentes de 10 a 19 años. La mayoría de las hijas o hijos de estas madres tienen como padre a un adulto por lo menos seis y hasta 10 y 15 años mayor.
Nayeli Yoval Segura, coordinadora de Elige, sostuvo que durante 15 años no ha habido un pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como DH de la juventud, y no se han erradicado los “grandes prejuicios” que rodean a los temas de las y los jóvenes.
“Se les piensa como delincuentes o como personas sin decisión propia y como consecuencia ellas y ellos no se perciben como sujetos de derechos y no asumen los DH como propios; debido a esos prejuicios muchas y muchos se consideran como un conflicto para la sociedad”, explicó la activista.
También hizo eco de que durante los dos sexenios panistas (2000 a 2012), la política fue sumamente “conservadora”, no permitió el avance de una agenda innovadora en la materia, y tampoco se dio el pleno reconocimiento de la juventud como seres sexualmente activos.
Yoval Segura señaló que hasta la fecha no existen políticas públicas integrales, por lo que llamó al gobierno federal a “pasar de la retórica a la acción”.
La actuaria Yolanda Varela, quien acudió en representación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva –dependiente de la Secretaría de Salud–, aseguró que durante esta administración el gobierno federal activará diversas acciones para ampliar el acceso a servicios amigables de la juventud.
Reconoció dos factores por los cuales las acciones emprendidas no se han traducido en el acceso de las y los jóvenes a sus derechos. El primero es que no se ha logrado la participación interinstitucional y la existencia de una estrategia integral.
Como segundo factor está el temor que tienen muchos prestadores de servicios para dar atención a las y los adolescentes, pues “aún nos falta difundir más el marco normativo y jurídico acerca de DH y derechos sexuales y reproductivos, para que las y los servidores públicos estén seguros de que lo que están haciendo no es una falta o violación a las leyes”.
Con esta parte de la campaña también se busca promover el compromiso institucional para la generación de mecanismos de exigibilidad, denuncia y reparación del daño en caso de que las y los jóvenes vean violentados sus derechos en la materia.
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