Uno de los fenómenos que particularmente observamos en la política reciente es el transfuguismo político. Es decir, personas que pasan de una ideología a otra, de un partido político a otro y, en el ámbito legislativo, representantes populares que se separan del partido que originalmente los presentó como candidatos.
Hay tránsfugas políticos que argumentan el compromiso, la responsabilidad, la búsqueda del bien común y su coherencia política en su visión de futuro de la sociedad; a partir del cual abandonan partidos políticos descompuestos por la corrupción y la desviación de los principios ideológicos que antaño defendieron. Buscando entonces nuevos espacios para la defensa legítima de un proyecto político y de sus representados.
Pero también habrá aquéllos que se convierten en mercaderes de los escaños políticos, convirtiendo la política en una transacción mercantil que nada tiene que ver con un proyecto político en la búsqueda del bien común ni con la representación. Sino que, por el contrario, está más vinculada con el oportunismo, la arrogancia de tener más peso del que sus dirigencias políticas les han concedido y el afán de sobrevivencia política y económica.
Independientemente de los motivos y razones de los tránsfugas políticos, lo cierto es que es necesario que se analice en la academia, la política y todos los espacios posibles, y se prevean constitucionalmente mecanismos para evitar las consecuencias negativas.
De no ser así, en un futuro seremos testigos de caídas de gobiernos, como lo muestran las experiencias de Alemania en 1972 y en Ecuador en 2008; fragilidad de las instituciones partidistas en sus proyectos de nación y una crisis severa en la ya de por sí mermada credibilidad y confianza en la política y en los políticos.
Será sano para la nación que se discutan, entre otros, los siguientes planteamientos: la suspensión de derechos y prerrogativas de legisladores que alteren la voluntad democrática del ciudadano en la integración de órganos representativos; la constitucionalidad de la negativa a postular en sucesivas elecciones a ciudadanos y militantes tránsfugas; la suscripción de pactos políticos entre partidos para no postular a ciudadanos que utilizan el transfuguismo como un deporte, sin importar la lealtad partidista y menos aún, la lealtad al interés general; la necesidad de un Código de Ética Política a la que se comprometan los aspirantes a participar en ella.
La discusión, en todo caso, deberá generar mecanismos que inhiban la cada vez más usual práctica indeseable en su visión negativa y sentará las bases para evitar que la política y sus políticos generen una sensación de inestabilidad, de confusión, de falta de gobernabilidad y de un draft político, en donde la política se vende al mejor postor. [email protected]
Néstor Vargas Solano- Ex presidente del IEDF
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