Muchos han sido los esfuerzos de innumerables ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil que desde hace muchos años han exigido lo que hoy algunos políticos se siguen negando a otorgar: derechos políticos plenos para los habitantes de la Ciudad de México.
Independientemente de mis funciones electorales, participé activamente en dos ejercicios ciudadanos con miras a lograr de nuestra Ciudad Capital mucho de lo que hoy tenemos. En el Plebiscito de la Primavera de 1993 se realizó una consulta a la ciudadanía para que la Capital contara con un congreso local, pudiésemos elegir de manera directa a nuestros gobernantes y se constituyera el Estado 32. Con la Fundación Arturo Rosenblueth conté todos y cada uno de los más de 300 mil votos de ciudadanos de todos los sectores sociales que no querían continuar siendo ciudadanos de segunda. Hartos de que la Federación y los gobiernos del hasta entonces partido único siguieran conduciendo los destinos de la Ciudad Capital.
En 1999 participe directamente en la organización de la Consulta Ciudadana para la Reforma Política del D. F. encabezada por Jaime González Graf (qepd), José Agustín Ortiz Pinchetti y Manuel González Oropeza. La diferencia en este segundo ejercicio fue radical. Independientemente de la constitución del Estado 32, lo que se exigía era contar con derechos políticos plenos para los ciudadanos del D. F., como cualquier ciudadano de cualquier otra entidad federativa; que no siguieran decidiendo los diputados y senadores de otras latitudes lo que en estricto derecho corresponde a los capitalinos; y la constitución de pesos y contrapesos en la integración de las jefaturas delegacionales; en otras palabras, no más virreyes en las Jefaturas Delegacionales que decidieran de manera autocrática.
22 años después se han logrado avances importantes. Pero la falta de generosidad política de personajes cuyas sombras y pisadas son las mismas, mantienen a los habitantes de la Ciudad Capital como ciudadanos de segunda. Que contemos con una constitución política propia, con un congreso local que pueda participar en el Constituyente Permanente; que no decidan terceros sobre el nivel de su deuda o el jefe de su policía; y que en las Delegaciones no sigan gobernando Virreyes sin representación de la pluralidad ciudadana.
Ojalá y que en las siguientes legislaturas se concreten las reformas que modifiquen de una vez por todas el status jurídico de la ciudad capital y se reconozca a sus ciudadanos derechos políticos plenos. Nada más, pero nada menos.
Néstor Vargas Solano*Ex presidente del IEDF
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