Como en otros procesos electorales, los partidos políticos y las autoridades responsables de la organización de dichos ejercicios cívicos recurren a la afirma de “pactos de civilidad” con propósitos poco claros, convirtiéndolos en simples actos de simulación política, en donde se comprometen a “cumplir”, lo que en estricto derecho deberían de cumplir: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Por ello, llama a risa cuando, quienes se encuentran a la cabeza de dichos pactos son precisamente aquéllos partidos que violan sistemáticamente el Estado de Derecho aprovechándose de manera reiterada de las lagunas jurídicas existentes y de la debilidad de las instituciones para castigar severamente dichas violaciones.
Dichos partidos hablan de “respetar la ley y los acuerdos emitidos por los órganos electorales” y “privilegiar el debate por encima de las descalificaciones”, cuando en los hechos, de manera directa e indirecta recurren a las prácticas que ellos mismos critican. La violencia electoral; la difusión, apropiación, uso y ejecución de programas sociales en favor de candidatos y políticos; así como el despliegue de campañas negras, son una constante dentro de nuestra política, cada vez más deteriorada.
No es gratuito pues que exista un descrédito en la ciudadanía por la política y los políticos. Y las propias autoridades electorales pierdan credibilidad y confianza cuando se prestan a este tipo de simulaciones.
Mucho harían los partidos políticos y sus candidatos si verdaderamente elevan el nivel de la política a partir de una modificación de sus estrategias de campaña y de dejar de realizar actos, pensando que los ciudadanos somos estúpidos para creer que la simple firma de un “pacto de civilidad” va a modificar nuestra percepción de ellos y de sus gobiernos. [email protected]
Néstor Vargas Solano* Ex presidente del IEDF
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