El Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal, representantes del Poder Legislativo y la titular de la Procuraduría General de la República y sus homólogos en las entidades federativas, entre otros actores, han generado una expectativa de justicia que por lo menos en su implementación es deficiente. Nadie espera un cambio mágico. Pero lo esperable sí, es que las diversas instituciones responsables se encuentren coordinadas y preparadas para hacer frente al nuevo reto. Ello no es así.
El CIDAC, en su publicación Hallazgos 2015. Evaluación de la implementación y operación. A ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, señala puntualmente las deficiencias en materia de gestión institucional, tecnologías de la información y comunicación, de capacitación y de normatividad, a nivel nacional. Más allá de los desafíos sistémicos e institucionales que señala dicha organización, el principal reto es la generación de confianza del ciudadano en el nuevo sistema de justicia penal. 9 de cada 10 delitos no son denunciados, en gran medida por la desconfianza en los jueces, las policías y los ministerios públicos. Lo grave es que éstos serán 3 de los principales actores del nuevo sistema de justicia.
Para el ciudadano de a pie denunciar o querellarse por la comisión de un delito es una pérdida de tiempo, principalmente porque perciben la ineficiencia en la persecución de los mismos y, en el extremo, la complicidad de los cuerpos policiacos.
El próximo sábado entrará en vigor el NSJP y, en tanto, el legislador se apresura a aprobar al vapor disposiciones normativas que irresponsablemente en 8 años no hicieron. Ello es una muestra de lo poco serio que asumen de manera fáctica la impartición de justicia en México.
@NVS_
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