Las metas planteadas por el Estado mexicano en el nuevo sistema de justicia penal representan una esperanza de transformación del viciado y defectuoso sistema vigente. Ello implica una serie de reformas de carácter legal, de infraestructura material pero, sobre todo, una transformación cultural en las formas de hacer en el sistema de justicia criminal. De allí que la propia reforma constitucional estableció un periodo de vacatio legis de ocho años, con el propósito de generar las condiciones necesarias para su entrada en vigor.
La tarea es compleja. Se encuentran involucradas muchas instituciones de carácter federal, estatal y municipal; los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes niveles de gobierno; organizaciones civiles, litigantes, universidades y el ciudadano mismo que verá -para bien o para mal- impactados los efectos en su vida cotidiana.
A escasos 19 días en que entre en vigor de manera total la reforma constitucional, diversas instituciones han presentado informes sobre las condiciones en que se encuentra la implementación de la misma. El Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) y México Unido contra la Delincuencia A. C. son dos de esas instituciones. Los resultados no son muy halagüeños. Comentaremos algunos de ellos.
Acceso a la información. Generar las condiciones para la generación de la información del nuevo sistema y garantizar el derecho de acceso a los ciudadanos a la misma es uno de los primeros problemas de los que se tienen que hacer cargo las instituciones responsables de la política criminal. CIDAC reporta que solamente 20 por ciento de las solicitudes realizadas para el ejercicio de evaluación fueron respondidas con información útil, el resto no lo fueron por tratarse de información clasificada como reservada o por inexistencia de la misma.
@NVS_
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