Uno de los principales problemas de nuestro México es la corrupción. De acuerdo con el índice de percepción 2015 publicado anualmente por la Organización de Transparencia Internacional nuestro país ocupa la posición 72 de los países más corruptos, de 167 en estudio. A pesar de la presión y el activismo de organizaciones de la sociedad civil por un marco jurídico que prevenga, persiga y sancione dicho fenómeno social, al igual que otras leyes, al 28 de mayo de 2016 el Congreso de la Unión no había cumplido con la obligación que ellos mismos se impusieron para la publicación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Finalmente la Ley General de dicho sistema fue publicada el 18 de julio del mismo año.
En tanto se avanza con el cumplimiento de las disposiciones de dicha norma, los principales dirigentes partidistas se disputan quién de los gobernadores o figuras públicas egresados de sus filas es más corrupto. Se ha generado una guerra de declaraciones y actos de relumbrón para crear la idea de que “van en serio” en dicho tema. Llueven declaraciones mediáticas y utilizan las redes sociales para hacer creer que realizan verdaderas acciones con la pretensión de castigar internamente o ante las instancias correspondientes los obscenos robos de los servidores públicos. También se acusan mutuamente de ser cómplices por acción u omisión en la persecución de sus compañeros de partido. Me pregunto si alguien les cree. Y más aún, si ellos creen que alguien les cree. Pero eso no les importa.
En el colmo, justifican la actuación de sus militantes señalando que “en todos los partidos políticos existe la corrupción”. Qué lástima que no exista memoria en los mexicanos para sancionar con su voto a quienes piensan que somos tontos.
@NVS_