A la “libertad para vivir sin miedo” y “para vivir sin miseria” se agrega la “libertad para vivir con dignidad”. En colaboraciones anteriores comentamos la ausencia de libertad que padecemos los mexicanos en virtud de políticas de gobierno que, fácticamente, no tienen dentro de sus prioridades una visión estratégica con perspectiva integral de la seguridad humana, en la que se involucran los tres aspectos mencionados. La estrategia discursiva de los gobiernos federal y de muchas entidades federativas choca con lo que vivimos cotidianamente.
La tortura y la violación sistemática de derechos humanos han sido documentadas por muchas organizaciones civiles y de organismos internacionales. En el primer año del presente gobierno federal la CNDH informó que las denuncias de tortura y violación a los derechos humanos se incrementaron en 600% respecto de una década anterior. La tortura, el ejercicio abusivo de funciones y el uso indebido de atribuciones son las principales quejas presentadas en contra de los diferentes órganos supuestamente encargados de la seguridad.
No solamente los órganos responsables de la administración e impartición de justicia violan derechos humanos, sino también otras instituciones, como las encargadas de la política social, particularmente del sector salud y educativo. Lo más grave es que no se visualiza un cambio en la política de desdén por la defensa de derechos humanos que hasta ahora ha prevalecido. Por el contrario, todos los días observamos cómo los cuerpos de seguridad se ensañan con diversos sectores de la población y el servidor público ignora sus propias campañas mediáticas de protección de derechos fundamentales.
¿Será que ante la ausencia de una verdadera política correctiva en materia de seguridad humana se está gestando una estrategia de las “políticas de shock” para imponer un orden internacional en beneficio de unos cuantos?
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