Vivir en la Ciudad de México tiene muchos beneficios. Pero también implica altos costos en la calidad de vida. Dentro de estos últimos se puede mencionar la contaminación y el sistema de transporte. Trasladarse a cualquier lado, por corta distancia que represente, necesita una considerable inversión de tiempo y paciencia.
En julio de 2014 fue publicada la Ley de Movilidad del Distrito Federal que sustituyó a la Ley de Transporte y Vialidad de 2002. Dentro de los aspectos más importantes de la nueva ley destacan: derecho a la movilidad, jerarquía de movilidad teniendo al peatón y el ciclista como ejes; creación de un Órgano Regulador del Transporte Público y de un Sistema Integrado de Transporte Público y una Gestión integral de la seguridad vial. Por problemas de espacio abordaremos estos aspectos en diferentes colaboraciones.
Derecho a la movilidad. El dejar de ver al problema de la movilidad como un simple problema de vialidades y trasporte debería implicar una concepción incluyente del ciudadano en los procesos de planeación, regulación y supervisión. La forma en que se involucra la participación ciudadana es por medio de un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial tanto en el gobierno central como en las delegaciones. Dentro del primero se incluyen 4 representantes de instituciones públicas de educación superior y de igual numero de representantes de la sociedad civil.
Lo anterior representaría un paso muy importante si el grado de involucramiento fuese real y no sólo de carácter instrumental y, sobre todo, de legitimación. Eso sucede con dicho Consejo, al otorgarle funciones simplemente de proposición de políticas públicas y de emisiones de opiniones de programas y de herramientas de seguimiento, evaluación y control. La participación ciudadana es un tema que debería de tomarse más en serio.
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@NVS_
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