Los problemas en nuestro país son cada vez más numerosos y más complejos. Sin embargo, la impunidad es el mal de todos los males. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la define como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por las leyes. El Estado es el responsable de garantizar a la sociedad en su conjunto el ejercicio pleno de sus derechos, independientemente de que los responsables de dichas violaciones sean servidores públicos o particulares.
En México se ha olvidado de dicha responsabilidad. En el colmo, los derechos humanos son utilizados por el poder público como pretexto para encubrir sus errores y deficiencias y la corrupción que impera en todos los niveles de gobierno.
Se ha hecho costumbre que no sean castigados los responsables de delitos tan graves como los asesinatos y desaparecidos en Ayotzinapa y Tlatlaya, la fuga del Chapo Guzmán, delitos de “cuello blanco” y otros tantos que no trascienden mediáticamente y se quedan en el olvido.
Por ello, que no nos extrañe que la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la indefensión total de las víctimas y sus familiares sean una costumbre y una práctica normal en nuestra vida cotidiana.
Pedir la renuncia de secretarios de Estado, de militares, de servidores de alto nivel responsables directa o indirectamente de muchos delitos, sería tanto como ser cómplices de la impunidad existente. Lo que el Estado Mexicano está obligado a realizar son investigaciones serias y de fondo, no como una simple formalidad que sirve para llenar estadísticas y discursos políticos. Como ciudadanos estamos obligados a exigir una verdadera rendición de cuentas para quienes sean responsables por acción u omisión.
Néstor Vargas Solano*Ex presidente del IEDF
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