En el año 2009 fue publicado un libro de lectura obligada: Democracia sin garantes. Las autoridades contra la reforma electoral, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinado por Lorenzo Córdova Vianello y Pedro Salazar Ugarte. En dicho libro se recogen 6 ensayos críticos sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral, como intérpretes, aplicadores y garantes de la reforma electoral 2007-2008.
En dicho libro se critica la alineación de las autoridades estatales con los intereses de grupos fácticos de poder con lo que, se dice, han faltado a la función que les corresponde y han abandonado su (debido) compromiso con el imperio de la ley. Jorge Carpizo, en su prólogo advertía de la coyuntura tan complicada para el país en lo económico, social y político y de la posibilidad de una descomposición social, sumada a la crisis de la moral pública en el país y a la creciente pérdida de confianza en las instituciones.
Su propósito era evidenciar, desde la academia, “decisiones que, por sus defectos y repercusiones, desvirtúan el sentido de aquella trascendente operación político-legislativa”. Se analizan los siguientes temas: a) la forma en que las decisiones del IFE y del TEPJF, desvirtuaron los propósitos de la reforma electoral; b) los frágiles argumentos sostenidos por la SCJN ante los amparos presentados en contra de la reforma electoral por un grupo de empresarios; c) las decisiones del TEPJF respecto de la compra de tiempos de radio y televisión del Partido Verde Ecologista de México; d) las tensiones interinstitucionales respecto del nombramiento del titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE; e) las fronteras de la libertad de expresión y f) la omisión legislativa respecto de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, relativa a la imparcialidad en el uso de los recursos públicos.
Hoy, a seis años de dicha publicación, la situación parece no haber cambiado. Por el contrario los temas abordados por dichos especialistas parecen haberse agudizado.
La aplicación e interpretación de las normas electorales siguen siendo erráticas. La sociedad mexicana hoy más que nunca desconfía de sus autoridades electorales. Por acción o por omisión las autoridades administrativas y jurisdiccionales padecen de una crisis severa de credibilidad. Baste mencionar algunos polémicos temas: la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales; la permisividad de la misma estrategia publicitaria de uso indiscriminado de recursos públicos del Partido Verde Ecologista de México, no solamente en televisión, sino a partir de una amplia estrategia publicitaria; el nombramiento del titular del área responsable de la Fiscalización a nivel nacional, pues el designado en 2009 es acusado por 7 partidos políticos de favorecer intereses diversos a los institucionales; la falta en que ha incurrido el legislador respecto de la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional y el uso imparcial de los recursos públicos; la conducta facciosa de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias y, en general, de una denuncia por parte de los representantes de 7 de los 10 partidos políticos de la violación sistemática del Estado de Derecho, y la manera fáctica en que 6 de los 11 actuales Consejeros electorales actúan en beneficio del partido en el gobierno.
Como dice José Alfredo Jiménez, los mexicanos siempre caemos en los mismos errores. Lo paradójico es que hoy son autoridad dos de esos prestigiados académicos que publicaron el libro en cita. Sorprende que lo que como académicos criticaron, hoy como funcionarios, no son capaces de corregir. Y más aún, cuando desde la palestra o en declaraciones públicas solapan y avalan, por acción u omisión, lo que ayer reprobaron.
Pero más allá de las incongruencias personales, lo cierto es que hoy, como hace mucho tiempo, las autoridades electorales federales siguen faltando a la función que les corresponde y han abandonado su debido compromiso con el imperio de la ley. Si no se corrige el camino, lo lamentaremos como nación.
@NVS_
*Ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal