Apropósito de los recientes sucesos en el penal del Topo Chico, llama la atención la forma en que destacados líderes de los partidos políticos atacaron ferozmente la supuesta incapacidad del gobernador de Nuevo León para reaccionar eficientemente en la atención del problema. Esa es la naturaleza perversa de nuestra clase política: atacar las manifestaciones pero no las causas. Y hacerlo particularmente con más saña y visibilidad mediática cuando las negligencias provienen de fuerzas partidistas opuestas a las suyas. Es este caso se convirtieron en un “todos contra El Bronco” ante el hecho de que dicho gobernante proviene de una candidatura independiente.
Pareciera ser que el objetivo es descalificar la estrategia de posicionamiento político en que se encuentra dicho gobernador y todo aquello que huela a candidatos independientes, que ir verdaderamente al fondo del asunto. Ninguno de ellos dejó asomar siquiera la necesidad de una revisión urgente de la política criminológica, cuya responsabilidad es del poder legislativo y que, en consecuencia, engloba además a los poderes ejecutivo y judicial.
Uno de los temas impostergables de política pública debería de ser la forma en que se deben de contener los procesos de criminalización y no limitarse a la generación de mecanismos de control social y de castigo a los delincuentes. Romper la lógica actual de política criminal que está más encaminada a justificar una estrategia legitimadora del poder punitivo y la represión de la violencia, y sustituirla por una política criminológica orientada más hacia la revisión de la prevención de la violencia y de las causas estructurales que la ocasionan.
Hoy fue en Nuevo León. Pero igual o de manera más grave sucede en otras entidades federativas y con diferentes manifestaciones. Ante ello nuestra clase política seguirá gritando “al ladrón, al ladrón”.
@NVS_
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