La llamada se había dado; la denuncia también. Sin verlo, era evidente que la voz denotaba desesperación. El interlocutor no me conocía, pero suelta la pregunta al otro lado del auricular: ¿Qué hacemos?..¡Ya hay que detener esto!
Él, se refería a políticas internas de la Central de Abasto. Aumentan el costo de entrada vehicular a la central; van por cobrar el acceso peatonal, primero cincuenta centavos y después tres pesos, y ahora, destruyen zonas verdes.
¡Necesitamos que venga! Dice a través del teléfono. Tenemos que frenar la destrucción ecológica. Ya tiraron árboles y van contra nuestra fuente de empleo… ¡Debemos detenerlos, solos no podemos!
Lo escucho y replico: ¿Quién habla?…
¿Usted es la periodista no? –Sí, a sus órdenes… Soy empleado de la Central de Abasto y no sabemos a quién recurrir. Sólo ustedes–los medios de comunicación- pueden detener a estos voraces que van por todo. Ya se agenciaron varias áreas y ahora van poruna zona verde.
El interlocutor sigue narrando. Me invita a verificar su dicho y lo compruebo.
El grito era desesperado, pero real. Efectivamente ya habían talado y destruido una que hacía sólo una semana, era zona verde.
Los transportistas, las vendedoras de comida y los agricultores constataron cómo en tan poco tiempo podían tirar árboles y quitar pasto. Las máquinas ya habían arrasado en unas pocas horas con más de una hectárea de zona verde.
Sólo unos árboles se habían salvado y otros estaban sostenidos únicamente por un montón de tierra; sin embargo la basura que inunda la zona, y por meses exigido su retiro, seguí ahí, con su obstrucción, con sus malos olores.
En la zona de subasta, la orden sí fue dada y cumplida. La autorización para tirar árboles sanos nadie la conocía, pero ese detalle y la destrucción ecológica que estaban cometiendo, era lo de menos.
Los gigantes amarillos con sus enormes brazos mecánicos hicieron su trabajo, derribar árboles cuyo único delito era estorbar al nuevo proyecto Hotel/Pernocta y restaurante.
Establecimientos, cuya construcción justificaban para beneficio de quienes ahora sólo tienen para cubrir 20 o 30 pesos de una comida corrida que les ofrecen señoras, que también ven en peligro su fuente de ingresos.
Esos “estorbos”, responsables de ofrecer oxígeno a todos ¡A todos! Incluso al que los tiraba, mudos quedaban en la tierra. Ya habían desparecido unos 15, pero nadie y menos quien giró la instrucción de su derribo, reparaba que se necesita una hectárea de zona verde, o sea, 10 mil metros cuadrados, poco más de lo que ahora destruían para asfaltar –una manzana urbana- para dar oxígeno a 18 personas.
Pero no importaba, en lo interno la autorización del derribo y la desaparición de zona verde, era un hecho, aunque se cuestionaba la falta de un dictamen y permiso de Medio Ambiente del gobierno local o de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para acabar con la zona y sus árboles.
La empresa que asfaltaría, tras obtener la concesión de esa extensa y arbolada zona verde, no hacía su aparición. Nadie sabía cómo, menos porqué entregaban ese espacio ni el procedimiento de cómo lo obtuvo.
Ahí, mudos, sin saber qué hacer estaban los que ahora usaban los andenes de subasta, única opción de sustento para familias que utilizan la asfaltada, no la verde que destruyen, como su forma de vida diaria.
Es un nuevo despojo, gritaban hacia sus adentros. El temor al cierre de sus bodegas, a que los persigan con clausuras arbitrarias, a que les impidan vender, a que los echen del lugar o les frenen su comercio al interior de esa área, también los detenía para enfrentar una acción con la que no estaban de acuerdo.
Todos coincidían en colocarse con voz anónima en la denuncia. No tenían un rostro visible, aunque si una voz enérgica que gritaban ¡Detengan los negocios! No los necesitamos, queremos nuestras áreas verdes.
¡Basta! Lo que pedimos desde hace años, es quitar la basura que inunda los alrededores y todas las zonas de la Central de Abasto. Los baches, las deficientes vialidades, son otra exigencia.
Esa Central de Abasto, la más grande de América Latina, tiene una historia de despojos. Primero fue construida sobre chinampas y muchos de sus dueños, murieron sin ver el pago de éstas; a otros aunque los indemnizaron, sólo recibieron limosna.
Ahora, el mercado está rodeado de grandes negocios. Gasolineras, establecimientos concesionados y plazas comerciales, que aunque se asientan en sus terrenos nadie sabe en qué se invierte lo que se saca.
Desde julio del 2002 impulsaron la privatización de la Ceda, con el respaldo del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien decidió que su administración y operación fuera responsabilidad del sector privado.
Ahí, desde su nacimiento rige un fideicomiso -20991-, mismo que en los últimos años no es respetado, porque los dos últimos administradores operan con un Comité Técnico a modo, presidido, por quien avalan sus propias acciones con el descontento mayoritario.
En la actualidad al interior de la CEDA se han aplicado medidas que todos han cuestionado, pero que nadie ha detenido: Cobro para ingresar a ese mercado que aumentó de tres pesos, a cinco y actualmente a 10 pesos, en menos de un año. Operación de un “Cedabus”, que hasta el 15 de agosto fue gratuito, y ahora cobra seis pesos, sin que se conozca más que las rutas y el tipo de unidades que presta el servicio, pero no hacia dónde irán los beneficios de ese negocio de ello.
Ahí, cerca de 436 mil personas son el potencial diario que usa el transporte público para llegar y moverse al interior de esa central. Tampoco se conoce dónde van a parar los recursos por pago de rentas de la plaza comercial “Central de Abasto” –que forma parte de su patrimonio-.
Aunque el Comité Técnico sesiona y tiene reuniones cotidianas, son reuniones, que el grueso de los fideicomitentes y participantes desconoce en su contenido, igual que muchas de las acciones al interior de este gran mercado, abandonado en sus mejoras.
Circular por su interior y alrededores permite verificar que diariamente hay toneladas de basuras que obstruyen zona peatonal, escaleras y vialidades. Los baches, son verdaderos vados y zonas de riesgo para automovilistas.
Hay constante violación al reglamento que rige la CEDA; incumplimiento de facultades y omisiones desde la administración. Los recursos por mantenimiento y vigilancia que se pagan, nadie sabe dónde queda; tampoco lo que se obtiene por el cobro de sanitarios, cuyas deficiencias en los tres casos son los principales problemas que aquejan a esa área.
La desinformación y las violaciones a la difusión, que para Enrique Peña Nieto, presidente de la República se fortalecen en su libertad, y libre acceso con la reforma en Telecomunicaciones, es otra irregularidad.
No opera ese libre acceso. Al menos para el área de Normatividad, a través de su jefe “A”, Armando Botello Contreras y su subalterno, quienes exigen pedir permiso a Julio César Serna, administrador de ese mercado, para transitar por sus instalaciones y verificar denuncias de destrucción de áreas verdes.
Quienes no lo hacen, son amenazados con desalojarlos con la policía o acusados de seudoperiodista. Prácticas que justifican a quien oculta el rostro, la voz y el nombre para impulsar la denuncia anónima y detener la destrucción.
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