Por Rafael Guarneros
A poco más de un mes de que se expidió la Convocatoria para la realización de la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN en la que habrá de reformarse los Estatutos del PAN, a diferencia de la realizada en 2013, existe un silencio de las dirigencias y una pasividad de la militancia que es de llamar la atención.
Por un lado, los dirigentes han evadido dar la cara a la militancia para pedir disculpas sobre el estatus de ilegalidad en el que han mantenido al PAN durante más de un año, debido al desacato a la Ley General de Partidos Políticos, por no haber adecuado los Estatutos del PAN a las prescripciones establecidas en dicha ley; el plazo para ello venció desde septiembre de 2014. Esto provocó, entre otras cosas, que el INE impusiera una multa de un millón de pesos al PAN, misma que en septiembre fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Entre las obligaciones de los partidos políticos, como lo establece el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, está la de “Mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios”.
Para quienes conocemos muy de cerca el comportamiento de algunos de nuestros dirigentes, sabemos que las decisiones colegiadas que deben ser tomadas por Comisión de Asuntos Internos, la Comisión Permanente del PAN y por el mismo Comité Ejecutivo Nacional, han sido una y otra vez suplantadas mediante providencias. Es decir, los presidentes nacionales del partido suplantan la función de los órganos deliberativos internos, toman decisiones unipersonales y ya después informan a los órganos internos suplantados sobre las decisiones tomadas. Esto indudablemente violenta el funcionamiento efectivo de órganos tan importantes como los mencionados. La pregunta que surge aquí es si la Comisión Especial Anticorrupción (CEAC) recién nombrada sufrirá el mismo destino.
Para que esta Comisión Especial Anticorrupción funcione de manera imparcial y libre de conflicto de intereses debe contar con dientes, de manera tal que, incluso si el presidente del PAN, Ricardo Anaya o el que le suceda, pudiera estar involucrado en hechos de corrupción, la CEAC tenga la fuerza legal suficiente como para contar con la facultad estatutaria de solicitar a la Comisión Permanente o al Consejo Nacional que den inicio al proceso de destitución y expulsión del Presidente del PAN.
Para limpiar de corrupción al partido, es indispensable una reforma que le dé, no cualquier dentadura a la CEAC, sino colmillos filosos que desgarren y arranquen la carne putrefacta que han corrompido al PAN.
La próxima reforma estatutaria debe ir más allá del cambio cosmético para adecuar nuestros Estatutos a la Ley; fundamentalmente debe garantizar el funcionamiento efectivo de los órganos estatutarios, dándoles nuevas dentaduras y acotando la facultad que tiene el presidente mediante la cual da un uso abusivo, discrecional y frívolo a las providencias, que han suplantado a los órganos deliberativos internos. Con la nueva reforma estatutaria debemos lograr restablecer los sanos contrapesos que, en una verdadera democracia, ponen límites a los abusos del poder.
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