Cuando las políticas públicas están más enfocadas a satisfacer a la necesidad de acumular riqueza favoreciendo a quienes tienen una enfermiza ambición de dinero y poder, no hay buen juicio ni sentido común que oriente el ejercicio de gobierno al cuidado del medio ambiente, a la protección de la salud, al desarrollo sustentable de las comunidades humanas, y ni a la generación empleos socialmente útiles que satisfagan la garantía constitucional de un salario que cubra las necesidades familiares, materiales, sociales, culturales, educativas y culturales.
Como punto de partida para iniciar la reflexión, retomo de “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo, la siguiente idea: “Un príncipe para conservar el poder, se ve obligado a menudo a ser perverso, porque cuando el grupo del que juzga necesario para mantenerse, está corrupto, es conveniente seguir su capricho para satisfacerlo, pues las buenas acciones serían sus enemigas”.
¿De cuánta perversión e irresponsabilidad en el ejercicio de gobierno estamos hablando? Comencemos por analizar las políticas de vivienda y comparemos varios momentos.
Por el año 1944 el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho expidió un decreto en el que declaró la creación de la Zona Industrial Vallejo. Se consolidó entonces la vocación del parque industrial más importante del país. Los años posteriores, en torno a la zona industrial se crearon unidades habitacionales para los trabajadores en lo que es ahora la Unidad Habitacional el Rosario. Los trayectos del hogar a la fábrica prácticamente se podían recorrer a pie. En torno a la zona, se creó también la infraestructura educativa más grande del país enfocada preferentemente a la capacitación técnica CETI´s, CEBETI´s, CONALEP, IPN. Sin embargo, la corrupción y el deficiente diseño de normas ecológicas, al inicio de la década de los 90´s trajo consigo la primera crisis ambiental en el Distrito Federal, durante la administración de Manuel Camacho Solís como Jefe del Departamento del Distrito Federal (Regente) y Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República. Esto expulsó del Distrito Federal a muchas de las fábricas contaminantes y a la Refinería 18 de Marzo de PEMEX, colapsando la economía de la zona al perderse cientos de miles de empleos directos e indirectos.
Muchas de las empresas optaron por buscar parques industriales lo más lejos de las grandes ciudades, sin embargo la política de vivienda en torno a estos desarrollos no fue de la mano. Los trabajadores, muchos de ellos en edad cercana a la jubilación, quedaron varados en la Ciudad de México y con ello vino también el deterioro del entorno social y el incremento de la delincuencia, a la que se vieron atraídas varias generaciones de jóvenes de familias desintegradas y lanzadas a la pobreza. Hoy en día quienes tienen trabajo, lo tienen a varias horas de distancia de su domicilio y deben hacer varios trasbordos para desplazarse a sus zonas laborales.
Las empresas constructoras favorecidas por financiamiento del INFONAVIT, optaron también por buscar terrenos muy baratos para ampliar sus márgenes de ganancia, con la corrupta complacencia de los responsables de guiar la política de vivienda nacional, por lo que las zonas habitacionales para los trabajadores están muy alejadas de las zonas de trabajo, afectando con ello también la productividad y el riesgo que representa el trasporte público y la delincuencia presente en los caminos y carreteras del país.
El resultado de las torpes políticas para la creación de vivienda para los trabajadores está a la vista: el abandono de muchas de ellas, el arrendamiento de otras, largos trayectos que contribuyen a la generación de más contaminación, pero también han debilitado los lazos familiares, ya que las relaciones son “virtuales”; es decir a distancia.
Una estrategia integral sería el hacer efectiva la creación de nuevos centros poblacionales (polos de desarrollo) en la que junto a la instalación de fuentes de trabajo se construyan zonas habitacionales lo suficientemente cerca como para que los trayectos a pie o en bicicleta sean la mejor opción, y el uso del automóvil sólo sea para viajes afuera de las nuevos centros poblacionales.
¿Cuál es el tamaño ideal que debe tener una ciudad? La respuesta es fácil: el que garantice la sustentabilidad, la gobernabilidad, la calidad de vida y la adecuada integración social.
Hoy la Ciudad de México no es sustentable y tampoco es gobernable ya que está secuestrada por las mafias inmobiliarias, el gobierno está sometido a los caprichos de los grupos de presión (formales o informales) y a la delincuencia organizada, con la que tienen que pactar y ceder a cambio de que le permitan a los gobernantes simular, con cierta tranquilidad y descaro, que realmente ejercen el poder público.
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