Los actores del conflicto se olvidaron de la mesura y del partido
La situación política que privó en los últimos días en el municipio de Valle de Chalco puso a pensar a muchos perredistas incluso hubo unos que pidieron la expulsión del partido del diputado con licencia, Jesús Sánchez Isidoro, sin embargo, hubo otros que actuaron con mesura hasta en tanto los actores del conflicto se pusieran a dialogar para que la autoridad jurisdiccional actuara en consecuencia y convenciera a los involucrados a actuar conforme a la ley.
No obstante éste conflicto de tribus pudo haberse solucionado de forma inmediata, sin embargo, la actitud de las corrientes perredistas casi pone en evidencia o más bien lo hizo de colocar por delante los intereses personales y no los del partido. Eso debió haber sido sancionado y no lo digo sólo por el PRD sino de todas las fracciones de los partidos políticos que pudieran estar en el futuro en un caso similar.
Lo cierto es que las declaraciones hechas por el secretario general del Sol Azteca, Octavio Martínez Vargas de exigir la expulsión del diputado perredista fue a título personal de un integrante del comité estatal, no así de todos los del partido, tal como lo afirmó el líder Omar Ortega Álvarez, quien consideró que la actitud asumida por el diputado de Valle de Chalco no ameritaba tal separación.
Pero aquí es donde predomina la inconsistencia de algunos políticos que ven los errores en otros y no ven los suyos, tal como los ha tenido el ex diputado local y candidato a la presidencia municipal de Ecatepec en el pasado proceso electoral del 7 de junio, donde perdió. También hay que ver el predominio que tienen las tribus.
Él es de Nueva Izquierda, en tanto el diputado Sánchez Isidoro es de Alternativa Democrática Nacional, corriente que prácticamente tiene mayor poder partidario.
Lo dicho por el dirigente perredista, Ortega Álvarez de que no ve elementos necesarios en que haya incurrido en algunos de los supuestos o fracciones que determinen los estatutos para que Sánchez Isidoro sea suspendido de sus derechos partidarios. «Es solo una manifestación que hace Octavio Martínez que yo no comparto».
Que él haga valer la queja correspondiente ante la comisión jurisdiccional del partido y sea esta la que resuelva en consecuencia. «Para mí no hay elementos de convicción ilegales para poderle obsequiar la solicitud que aun o sé si ya la presentó el ex diputado o la vaya presentar Octavio Martínez».
Vaya con la actitud de los perredistas, seguramente en los próximos días habrá sorpresas de todas las tropelías cometidas por los actores políticos en Valle de Chalco. Yo no dudo que el Tribunal Electoral del Estado de México de cabido a todas las denuncias pos electorales y de cuenta quien fue el que ganó la elección del 7 de junio. Ojalá y que el Sol Azteca no tenga un revés de graves consecuencias para la población y todo por una actitud triunfalista que asumieron algunos y que seguramente les dolerá a muchos.
En más temas del estado de México, grave es la situación que han asumido habitantes algunos municipios mexiquenses de hacerse justicia por su propia mano, es decir los famosos linchamientos que al ver que no existe autoridad para castigar a los delincuentes. De hecho hay autoridad, lo que no existe es voluntad para ejercerla, es decir, pese a los operativos de seguridad que se vienen realizando en varias zonas de la entidad no todos o casi ninguno ha logrado abatir y frenar a los delincuentes aunado a la desconfianza ciudadana de que los delincuentes son protegidos por los gobiernos. Que en realidad eso no ocurre.
Dicen los que saben que la justicia es pronta y expedita, sin embargo, en la realidad es paciente y muy tardada, situación que la población ha visto por es la que sufre en carne propia las consecuencias de la impunidad y la corrupción. Temas riesgosos que la autoridad no quiere tocar porque está involucrada. Eso nadie lo puede negar, por el contrario es muy evidente y quien no haya acudido a un MP a denunciar y ser partícipe de la corrupción es que no conoce nada.
Ese es el dilema de los MPs y es una situación que ni el propio procurador general, Alejandro Gómez Sánchez ha solucionado. Tampoco el Comisionado Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández. Tal parece que ambos funcionarios navegan con la bandera de incrédulos que no existe impunidad mucho menos corrupción.
Ojalá y conozcan de viva voz a personas que sufren por no tener dinero y pagarle al MP lo que les pide para iniciar una denuncia. En fin en un estado de México donde no pasa nada, ni que hablar. Hasta mañana y ojo cuídese porque la ola de los populistas llegaran en los últimos meses del 2016 y se estancarán en el 2017 en la entidad. Comentarios a [email protected].
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