Por Jesús Esquivel
· Hay que limpiar la casa y que se investigue a funcionarios corruptos
El anuncio hecho por el gobernador Eruviel Ávila en Ixtapa de la Sal donde dio a conocer una serie de acciones para combatir la corrupción e impunidad me parece que son importantes, pero llegan con tres años de retraso. El hecho que diga que se instrumentarán a nivel estatal para que más de 100 mil servidores públicos estatales y municipales para que, a partir de mayo próximo, además de la declaración de bienes, atiendan la declaración de posibles conflictos de interés, con la finalidad de demostrar la transparencia con la que se trabaja en el Gobierno del Estado de México y fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas
Sin embargo, habría que ver hasta dónde llegan dichas medidas, pero sobre todo si realmente servirán para combatir los actos de corrupción e impunidad en que han participado algunos funcionarios, entre ellos el ex alcalde de Tecámac y hoy presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura Aarón Urbina Bedolla al que hoy lo conocen como el “nuevo Abarca” por las propiedades que tiene en ese municipio y evidentemente el control político de esa localidad, al grado tal que en el próximo proceso electoral podría imponer a su hija Lilia Urbina Salazar como candidata a la alcaldía. No obstante será importante que el gobernador comience con limpiar la casa e investigue a sus ¡amigos!
En su discurso, el mandatario estatal afirmó que el Presidente Enrique Peña sienta un precedente para combatir la corrupción, fortalecer la legalidad y avanzar en el respeto a la transparencia y la rendición de cuentas en el país y consideró que las medidas fortalecerán la confianza entre sociedad y gobierno, y obligarán a un ejercicio gubernamental más responsable. Asimismo, precisó que en la entidad se implementarán las ocho Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar los Conflictos de Interés anunciadas por el primer mandatario.
Para ello, anunció la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, dependiente de la Secretaría de la Contraloría. En este aspecto propondrá al Congreso local una reforma para replicar éste en los ayuntamientos. Se emitirán reglas de integridad para ampliar y profundizar los actuales códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos, con el objetivo de asegurar que, en el mismo sentido del anuncio realizado por el gobierno federal, éstos establezcan un protocolo de actuación.
Serán establecidos protocolos de contacto para garantizar la transparencia en la interacción entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
Estas medidas, dijo, permitirán identificar con mayor precisión a los funcionarios públicos que lleguen a cometer algún acto ilícito, y afirmó que su administración no dudará en castigar con todo el peso de la Ley a aquellos servidores que le fallen a la sociedad. Pero una cosa es el discurso y otro las acciones. Ojalá y que realmente se actúe conforme a la ley contra aquellos funcionarios estatales y municipales que cometen algún ilícito.
Y ya que estamos hablando de acciones para aplicar la ley, el diputado Alfonso Bravo Álvarez Malo, del PAN, presentó iniciativa para derogar el párrafo tercero del artículo 193 del Código Penal del Estado de México, para evitar criminalizar a un ciudadano mexiquense por no portar placas o tarjeta de circulación, es una cuestión grave y hasta cierto punto una medida arbitraria, utilizada para hacer que se cumpla un Reglamento de Tránsito que ya contempla dicha infracción. “La finalidad de la Ley Penal es el inhibir y sancionar el grave daño ocasionado a la sociedad, considerando que esta reforma no hace referencia a un daño grave, simplemente es un falta administrativa que se pretende penalizar”. Lo cierto es que la ciudadanía busca soluciones a sus conflictos y no ser perjudicada por los diputados en el Congreso local, al crear leyes de este tipo, pues con estas acciones retrógradas lo único que se podrá lograr es culpar a ciudadanos inocentes, así como fomentar la sobrepoblación penitenciaria existente.
No obstante que esta iniciativa fue enviada por el mandatario estatal y aprobada por la mayoría de los diputados priistas en tanto el PAN y PRD siempre se opusieron si daña seriamente a los mexiquenses porque el hecho que no traiga tarjeta de circulación o le falte una placa no debe ameritar cárcel como lo establecen las nuevas disposiciones que incluso podrían incrementar los actos de corrupción porque seguramente si un automovilista no trae esos documentos no querrá llegar al tambo y le tendrá que “entrarle” al agente de tránsito que lo detenga.
¿Entonces porque Eruviel Ávila dice que se va a combatir la corrupción con los funcionarios públicos? ¿Acaso habrá mano dura contra los elementos de la policía estatal que cometan algún ilícito? Estas nuevas disposiciones penales son autoritarias y seguramente en nada ayuda a los mexiquenses, mucho menos en la credibilidad del gobierno. Hasta mañana y ojo cuídese de los políticos que para ganar votos el próximo 7 de junio utilizan las leyes a su conveniencia. Comentarios a [email protected]
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