En el marco del Primer Foro “Por el derecho a la ciudad y por el derecho constitucional a una vivienda digna” y frente a organizaciones urbanas en el Club de Periodistas, el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, declaro que en lo inmediato no se enviara a la Asamblea Legislativa la norma 26 ni propuestas que la modificarían, como los que se han llamado las Normas 30 y 31, que sin entregarse oficialmente han generado una desaprobación inmediata por la forma en que se presentan.
El funcionario expresó además de no enviarse se ha recomendado, por el y como posición de gobierno, el re discutir el asunto para diseñar una propuesta para el mes de diciembre cuando vence la prorroga que se dio, con la pretensión de elaborar, en un proceso participativo, una norma 26 exclusiva para la vivienda de interés social y popular, que además solo use el Instituto de Vivienda.
“No hay iniciativa enviada, no la va a haber, se va a discutir, debe pensarse en otros instrumentos par la construcción de vivienda de interés medio en la ciudad, lo que será en otro apartado; los polígonos de actuación se usan para reacomodos de uso de suelo ya establecido”, cabe reconocer, dijo, que ha habido abusos y se tiene el recurso de asistir a lo contencioso administrativo.
El tema de fondo en esta ciudad y en las ciudades del país es el acceso al suelo y adicionalmente el de los cajones de estacionamiento y los niveles de construcción, así la norma debe verse solo sea para gente de escasos recursos ya que es paradójico que se de el hecho en la realidad de que a quien se dirige los beneficios de la norma no se le dan.
La norma 26, agregó García Ochoa, aplicada en la ciudad de México desde 1996 con la participación de muchos que hoy asisten también al debate sobre esta norma y las supuestas 30 y 31, que se ha aplicado en algunos casos bajo condiciones de re densificación.
Ampliando sobre el tema dijo también que quienes estarían encargadas de realizar los trabajos correspondientes y diseñar una propuesta es la Secretaria de Desarrollo Urbano (SEDUVI) y el Instituto de Vivienda (INVI), para más que negarla buscar reactualizarla, mejorarla, no solo poniendo candados para evitar que se abuse de su aplicación o que los desarrolladores privados a la búsqueda de ganancias indebidas la violenten abierta o encubiertamente.
Al uso de candados, dijo, se debe de señalar expresamente que solo el INVI podrá usarla, redefinir su alcance, no usarse en pueblos y barrios debido a que su uso lleva a modificar el entorno, en la búsqueda de desalentar el uso del automóvil limitar el tema de los estacionamientos ya que el ofrecimiento de un cajón por vivienda lleva a la compra de uno mas autos por familia.
García Ochoa como vocero del gobierno del Distrito Federal al ampliar en su intervención agrego que se debe en la ley de desarrollo urbano y en la de vivienda marcar una definición mas precisa respecto a esta y otras normas, así como el orientarlas a la producción de vivienda de interés social a población de ingresos menores del cinco salarios mínimos, ya que hoy por hoy integrantes de la clase media baja se quedan fuera de la política de vivienda, debe además de pensarse en los otros estratos sociales que requieren vivienda.
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