Candidatos y gobernantes injertados según que por imagen, más en realidad por relaciones de grupo, pero sin sustento ideológico fueron llevados por la izquierda al poder; se tiene la situación de que ganaron el puesto pero hoy causan un gran daño al Partido de la Revolución Democrática (PRD) como opción ética y a la izquierda electoral que se mancha por prestarse a la simulación de quienes se creen artífices políticos que pueden engañar y simular en todo terreno. Así, entre otros a los que les alcanzara su pasado que los condena, tenemos el caso del estado de Guerrero.
Aun cuando la corriente hegemónica del PRD vía su presidente recién nombrado pida perdón pero que hace todo por mantener al gobernador en su puesto, a pesar de los señalamientos y la presión nacional e internacional, dejándose llevar por el juego del ejecutivo federal que capitaliza y gana sin mover un dedo, para cobrar factura en la próxima elección en el estado, se quiere por todo más mantener el coto de poder.
La petición constante al gobernador es que deje el puesto, aún es tiempo de hacerlo con decencia, le dicen, para en posibilidad incluso de regresar, pero gana más la obstinación de mantenerse tratando de instrumentar maniobras que de inmediato se desgastan y caen.
Es sumamente paradójico, el partido al cual pertenece el gobernador del estado de Guerrero encuentra su antecedente de sustento histórico tanto en el movimiento estudiantil popular de 1968 y en el reclamo permanente de justicia ante el autoritarismo, el abuso de poder y el asesinato de estudiantes; así como a la dureza de la violencia cruda de un estado desatado sin legitimidad.
Al momento, lo que se ubica ya como una coyuntura al confluir factores y provocar un conflicto o un proceso en el que se demanda cambios, se tiene un ambiente de antecedente con un buen número de decisiones y
acciones que niegan voluntades y afectan situaciones o intereses de grupos, sectores, gremios y clases sociales.
Las llamadas reformas estructurales – en los siete temas que de manera directa afectó- es el factor en conjunto como proyecto de un régimen político que se restaura, que va por cambios en reformas regresivas para responder a compromisos y que necesita quebrar resistencias de fondo y forma para instrumentar acciones de apertura, entrada, apropiación y explotación.
Se llega al consenso de pedir la separación del cargo del gobernador del estado de Guerrero, por licencia con la posibilidad de reincorporarse, se tiene el caso del estado de Michoacán con una crisis semejante, o al extremo por renuncia; parece que se valora la proximidad de la elección del siguiente gobernador, el caso es que el tiempo pasa y la crisis se va redimensionando.
El proceso fincado de desafuero al saliente presidente municipal de Iguala se consolida en aceptación a la responsabilidad, tanto de la violencia como de relación con la mafia, pero se ve mal que el sustituto es marcado por la relación directa a otro actor involucrado que también fue sustituido, es su hermano; los estudiantes siguen sin aparecer y cada tiempo que pasa deja el sentido de un desenlace aún más difícil; el ejecutivo federal siente la presión internacional, se expresa el bloqueo económico de países europeos, la reprobación de ciudadanos, intelectuales y estudiantes de un número importante de países, se compromete con la fuerza del estado quedando solo en una exclamación impotencia frente a una fuerza mayor y una situación que no atina a manejar, en un estado fallido.
Cabe reconocer también que el actor social de cambio al momento es el movimiento estudiantil, al que se le trata con una reforma educativa para que la educación sea mercancía y deje de ser un elemento de movilidad social y un derecho constitucional, levantando sus cuestionamientos directos, sobrios y firmes.
Se tienen dos grandes pistas, el reclamo de educación como un derecho constitucional ante el autoritarismo con abuso de poder y el reclamo de justicia ante el asesinato y desaparición de estudiantes.
Es la más grave crisis en materia de derechos humanos desde 1968, pasando por la guerra sucia. Esta situación sorprende en el momento de cambio del titular de la CNDH, un aparato de justicia con expuesta incapacidad, además de instituciones sin capacidad de respuesta.
A precisión, al PRD con todo su consejo nacional recién electo lo involucra y mancha, será la peor de todas, el reclamo de justicia de los normalistas de Ayotzinapa y al PRI por su torpe autoritarismo simulador la protesta legitima de los politécnicos. La opinión nacional e internacional demanda respuestas.
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