El debate provocado entorno a la reforma de la Norma de ordenamiento urbano número 26 deja ver y exhibe que el Gobierno del Distrito Federal falta en la definición de una política que conduzca el aspecto urbano y de un proyecto para la ciudad, que en conjunto nos diga de su visión, de cómo la entiende, que se propone hacer y a donde se propone llegar, a pesar de que esta norma solo referencia a un aspecto de la complejidad del asunto urbano.
En el debate, que se ha considerado dejarlo acotado en un aspecto, se tiene a definir la forma en que se quiere vivir, usar e ir y venir en la ciudad, dicho así, amablemente.
La realidad es que se carece de una definida política de vivienda que diga como ahora se va a construir vivienda, en particular la de tipo social y popular, que es la de mayor numero, a uso del mayor segmento de la población que aquí vive y diariamente usa la ciudad, señalando en que magnitud –contando la popular, la social, media o residencial- se considera faltan, de los usos de suelo y la interrelación entre ellos o con otros elementos del mobiliario e inmobiliario urbano, de los servicios, así de él número que como gobierno se propone construir, que reglas se establecerán a los otros actores que lo hagan, mediante qué mecanismos y en qué forma, más cuál será el objetivo a que se propone llegar al cierre de la administración en tres años.
La ruta de este debate, señalan participantes, es que “el 19 de agosto del 2013 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) suspendió temporalmente la recepción y gestión de solicitudes relacionadas con la aplicación de Norma 26, ante las simulaciones realizadas por desarrolladores inmobiliarios para aprovechar de los beneficios de ésta mismas que fueron denunciadas por vecinos de diversas zonas de la ciudad.”
A paso siguiente se planteó la derogación de la Norma General de Ordenación Número 26 para la promoción de vivienda de interés social y popular, así como instalar la propuesta de un nuevo proyecto en las llamadas cuasi oficialmente normas 30 y 31.
La propuesta de Norma 30 y 31 que se tomaba como la solución mágica se canceló a presión de diversos sectores de la sociedad. Lo anterior sucedió en agosto del 2014, quedando nuevamente en suspensión y dejando a en manos de la Asamblea Legislativa la responsabilidad resolutiva, lo que se complicó al presentar está una iniciativa que hacia una mezcla de tipos de vivienda y enredadas consideraciones, lo que provocó el rechazo inmediato de actores sociales, promotores sociales y desarrolladores inmobiliarios, así como funcionarios del gobierno a los que por este motivo se les pidió su renuncia.
Todo este debate señala la falta de una política de vivienda y a efecto de desarrollo urbano de la ciudad de México, el hecho se confirma al acumular en los dos primeros años de la administración tanto la renuncia de golpe del secretario de desarrollo urbano,
cuestionado desde un principio, como la renuncia de golpe de funcionarios del instituto de vivienda, con lo que puede interpretarse que a la falta de esa política se han dejado ir dos años para atender necesidades, demandas y problemas.
Expresiones urbanas de la ciudad de México con un perfil histórico critico de izquierda nos han pedido expresemos sus consideraciones. En un ejercicio de análisis señalan que cuando una norma o una ley no funciona y por el contrario causa más problemas de los que pretende resolver, lo más prudente es primero detener el daño que se causa, para luego cambiarla, adaptarla si es posible o de plano eliminarla para que no cause daños mayores.
La Norma número 26, señalan también, tuvo origen en el apoyo a la población de menores recursos de la ciudad, a la vivienda social popular, y habría que decir, expresan los actores sociales urbanos, que tanto desarrolladores irresponsables y funcionarios de gobiernos delegacionales pervirtieron esa norma, para volverla una rendija y el instrumento para ganancias ilegitimas.
Tanto el gobierno del DF como la ALDF han quedado exhibidos en el debate de la norma 26 y se requiere el poner en la mesa propuestas que respondan a la necesidad y las demandas de manera seria.
A razón de la especulación, se coincide que por valor y uso para beneficio real de la población de bajos recursos se oriente la nueva normatividad a sacar la vivienda social y popular del mercado inmobiliario especulativo.
Se ubica la necesidad de establecer un puente concreto y directo de enlace entre la secretaria de los asuntos urbanos y el instituto de vivienda. Con esto se propone considerar que la seduvi tenga en una subsecretaria, que asuma el papel de rectoría como autoridad con toda la capacidad, que defina y norme con una vigilancia puntual el funcionamiento del instituto de la vivienda, las delegaciones políticas y los constructores, ya que es en esta relación en donde, consideran, se dio y se tiene la perversión de los buenos deseos de la norma 26.
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