Con apenas el 27 por ciento de la población que considera los comicios realizados en México son confiables, más un 23 por ciento que los coloca como procesos parcialmente confiables y el 50 por ciento con la sensación de que no lo han sido en absoluto, de acuerdo con un estudio de imagen que solicito la autoridad electoral, se lanza la convocatoria a la ciudadanía de ir a las urnas el próximo 7 de junio.
Además del 68 por ciento de la población considera que la violencia ha aumentado, el 23 por ciento se ha mantenido y 7 ciento por ciento que disminuyó. En esa línea se tiene a más menos de la mitad de la población anticipando que el próximo siete de junio de la jornada electoral puede presentarse incidentes de violencia, a contraste de un 37 por ciento que considera no habrá ningún incidente.
En este plano también y en base a un antecedente histórico de denuncias, se dice por la autoridad correspondiente para sancionar que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de incidencia delictiva electoral y puntos de atención espacial en el país, se hará un despliegue especial a los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Estado de México y el Distrito Federal, este último, se hace justificar por la densidad poblacional y ser el centro nacional en donde cualquier incidente alcanza nivel nacional. Los delitos electorales más recurrentes e importantes son los relacionados con obstaculizar a funcionarios electorales el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación en el proceso electoral, uso de los instrumentos del padrón electoral, uso de programas sociales y el condicionamiento por funcionarios públicos.
En el Distrito Federal se señala que las delegaciones políticas más disputadas y también con atención especial son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan, en donde los contendientes finales a vencer por los demás son el Partido de la Revolución Democrática, el debutante Partido Morena y la alianza del
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.
Información a considerar prioritariamente en el análisis es que el costo total del proceso electoral se calcula será de ocho mil millones de pesos, que contrastan, en información pública, de los dos mil 111 millones de pesos de hace 17 años, lo que trae a señalar que el uso de recursos públicos para este uso ha aumentado considerablemente, sin embargo la calidad de ejercicio electoral y de democracia no se corresponde.
Una instrumentada reforma política, una nueva institución, nuevas reglas, actores ya conocidos y actores nuevos, como es el caso a señalar de los partidos políticos y los dejados hasta el último de los candidatos independientes, que enfrentan una competencia desigual de la forma en que se quiera ver, así como un ambiente nuevo, complicado y condicionado de hechos y voluntades.
Se señala que las instituciones, y más los partidos políticos, son los mecanismos para procesar las demandas sociales, ciudadanas, así como los reclamos urgentes en os diferentes renglones, sin embargo los elementos no se corresponden y tenemos por un lado a esas instituciones cuestionadas cada una por su caso, así como asuntos de carácter nacional sin propuesta o voluntad a resolver.
Que extraño, nos dicen y lo repiten tanto para hacer creer que todo está bajo control y en consecuencia, en paz; podrá ser que este bajo control, pero no en mucho en paz, ya que se utiliza a la paz para controlar.
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