Desde que los gobiernos decidieron que debía ser el Ejército el que se enfrentara con la delincuencia organizada, la milicia ha protagonizado numerosas violaciones a los derechos humanos.
Los soldados fueron entrenados para acabar con el enemigo, y la agresión y la ofensiva en muchos casos es la única manera que entienden para comunicarse con la población civil.
Cuando algún militar cometía algún delito en contra de un ciudadano, el fuero militar les permitía ser juzgados en tribunales militares y no civiles, por lo que se fomentó sobremanera la opacidad.
Antes de que finalizara el anterior periodo de sesiones del Congreso, se aprobaron modificaciones al Código de Justicia Militar a fin de permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles.
Esta reforma es trascendente y busca someter a la justicia civil a los militares; es más, durante la discusión, por primera vez en la historia comparecieron en audiencia pública militares ante legisladores para intercambiar puntos de vista, técnicos e institucionales, sobre el contenido de esta política pública.
Pues bien, esta nueva ley dice que como regla general se consideraran delitos contra la disciplina militar aquellos comprendidos en el Libro Segundo del Código, pero se establece una excepción para que las conductas establecidas no se consideren transgresiones a dicha disciplina cuando los militares no se encuentren en campaña.
Así, cuando una persona civil esté implicada en un delito cometido por militares, en ningún caso se juzgará en la jurisdicción militar y siempre será juzgado por tribunales civiles.
Recordemos que el fuero militar, a diferencia del fuero que reciben los representantes de instituciones gubernamentales y legislativas, no representa inmunidad, sino únicamente hace referencia al tipo de tribunal donde deberá realizarse el proceso.
Esta ley fue pronto considerada como progresista, porque moderniza y armoniza el Código con las demás normas que nos rigen, bajo las sugerencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil que, desde hace muchos años demandaba que este ordenamiento fuera reformado.
Pero sobre todo, obliga a las fuerzas armadas a alinearse para que fortalezca sus esfuerzos en pro de la seguridad pública, pero siempre con respeto absoluto a los derechos humanos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Según juristas, con el acotamiento del fuero militar se deja una legislación militar laxa y débil, además de que se expone el ámbito de la justicia militar al organismo judicial civil, que ha demostrado ser áltamente ineficiente.
Según estadísticas legistas, en los tribunales civiles la impunidad es cercana al 98 por ciento contra sólo 2 por ciento de delitos castigados correctamente, mientras que en los tribunales militares la impunidad es sólo de 5 por ciento contra 95 por ciento de delitos sancionados con castigos ejemplares.
Aseguran que esta alta impunidad de los tribunales civiles será incentivo para que el Ejército se convierta en una banda de oficiales armados sin reglas, y que podría elevarse la tasa de denuncias acerca de torturas, violaciones y ejecuciones, donde elementos de las fuerzas armadas están implicados.
Y es que los militares deberán moverse en un sistema de justicia que ocupa los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a eficiencia.
Es mas, según sondeos internacionales, la policía mexicana en general aparece entre las 10 más ineficaces del mundo y la segunda más corrupta, ya que el 50 por ciento de las órdenes de aprehensión se rechazan a causa de fallas en la construcción del proceso, 800 mil casos se encuentran rezagados y 65 por ciento de los procesados son absueltos por fallas institucionales.
Entonces, por un lado se tendrá una manera de castigar los excesos del Ejército, pero por el otro, se corre el riesgo de degradar la justicia militar al someterla al sistema judicial civil. Este tema dará mucho de qué hablar. Gracias y buen fin de semana.
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