La violencia contra comunicadores en nuestro país lejos está de terminar. En 2016, un total de 11 periodistas murieron y 426 fueron agredidos, y sólo una cuarta parte de estos incidentes condujeron a una investigación policial; de ellos, un puñado de perpetradores fueron castigados. En lo que va de este año seis han sido ejecutados con verdadera saña.
Pero los actos violentos se extienden más allá de los crímenes contra periodistas. Hubo 22 mil 932 homicidios registrados en 2016, un aumento de más del 20 por ciento a partir de 2015. Pero las autoridades obtuvieron condenas en sólo uno de cada 10 casos de homicidios desde principios de 2007 hasta 2012. Es más, jueces emitieron acusaciones en sólo el 16 por ciento de las investigaciones de homicidios que abrieron entre 2009 y julio de 2015.
En las últimas semanas valientes activistas, jueces y otros han emprendido la petición de medidas excepcionales, incluida la prestación de asistencia internacional para apoyar una reestructuración del sistema de justicia mexicana. La reflexión en este tema requiere necesariamente de la experiencia y participación nacional e internacional y ha llegado el momento de que México considere esta opción.
El año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a México a establecer un consejo consultivo de expertos internacionales y nacionales en derechos humanos para trabajar con el gobierno para reforzar la capacidad del estado para investigar y procesar crímenes graves.
Este órgano podría «elaborar y presentar públicamente una evaluación nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para abordar la cuestión, calibrar su aplicación efectiva y presentar informes periódicos públicos», dijo el Alto Comisionado el Príncipe Zeid Ra’ad al-Hussein.
Cabe mencionar que México ya ha hecho algo similar en el pasado. En noviembre de 2014, el gobierno aceptó el apoyo de un grupo asesor de cinco juristas latinoamericanos y defensores de los derechos humanos, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para abordar la fallida investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa, iniciativa que no terminó bien ya que el grupo emitió un informe altamente crítico de la investigación mexicana, por lo que no es suficiente invitar al experto, sino aceptar sus hallazgos.
Este mes, ante la indignación pública por los asesinatos de periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto respondió con promesas de cambio institucional y mejor cooperación entre investigadores federales y estatales. Pero seamos honestos, este tipo de retórica oficial se ha convertido en una rutina desgastada que hace poco para corregir la crisis nacional de impunidad. Hoy por hoy se requieren más que vagos compromisos públicos porque el repetido fracaso en el tema pone en peligro la credibilidad del gobierno.
PARA EL REGISTRO Insisten en discutir sobre el ganador y el perdedor en Edomex, pero quien realmente retrocede es la ciudadanía. Según los datos del PREP, solo participaron un 52 por ciento de los incluidos en listas nominales de electores. Ante la ineficacia de la política, la antipatía de los ciudadanos. Ni hablar, un buen termómetro hacia las elecciones del 2018. Gracias y hasta mañana.
@betata75
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