El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha centrado su acción política en reformar diversas leyes, y avalados los cambios a los sectores energético, de telecomunicaciones y el fiscal, quiere dar por terminado lo que ha dado por llamar su “ciclo reformador”.
Pero los cambios legislativos están lejos de culminar. Hasta ahora se ha dado prioridad a leyes económicas, y en el tintero del Ejecutivo quedan iniciativas pendientes, algunas de ellas prometidas desde que el presidente Peña Nieto aún era candidato.
Especialistas han echo notar que el mandatario ha “olvidado” los cambios en torno a derechos humanos, transparencia y seguridad que tanto prometió. Por lo pronto, hay otras ocho reformas que aunque dijo que concretaría, siguen aplazadas en su despacho o en el Congreso de la Unión.
Entre los pendientes que debe abordar cuanto antes el mandatario destacan la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, una ley de derechos humanos y la más importante desde nuestro punto de vista, el establecimiento de un Código Penal Único.
Recordemos. El 14 de noviembre de 2012, dos semanas antes de asumir la presidencia, Peña Nieto entregó sus primeras dos iniciativas: una para que la Secretaría de Gobernación absorbiera a la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y otra para que una nueva Comisión Nacional Anticorrupción tomara las tareas de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La primera propuesta se aprobó en ambas cámaras del Congreso el mismo mes de diciembre, y tras un año de negociaciones la segunda quedó avalada en el Senado, pero desde entonces la comisión se encuentra detenida en comisiones de la Cámara de Diputados.
A mediados de julio de 2012, cuando era el virtual ganador de la presidencia, Peña Nieto también propuso crear un órgano que vigilara los contratos de publicidad entre gobiernos y medios de comunicación, para evitar que funcionarios compren cobertura informativa favorable.
Es más, tan fuerte iba esta propuesta, que se incluyó entre los 95 compromisos del Pacto por México, pero a la fecha no ha presentado ninguna iniciativa en la materia.
También como candidato dijo que impulsaría una reforma en materia de transparencia para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que en su etapa de cambios a la Constitución fue promulgada en febrero de este año.
Sin embargo, su aprobación ha pasado sin pena ni gloria ya que el Congreso no ha querido discutir las leyes secundarias —que tienen fecha límite de febrero del 2015—, para definir aspectos tan elementales como qué información estará reservada por motivos de seguridad nacional.
En este tenor se encuentra el Código Penal Único, y hasta el momento sólo se ha aprobado el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que define los lineamientos que deberán seguir todos los procesos de este tipo que se realicen en el país.
Pero está pendiente que el Congreso discuta la posibilidad de crear un Código Penal Único, donde se unificarían las definiciones y penas contra delitos, pues actualmente hay un código penal en cada entidad que dificulta la tipificación delictiva.
También están pendientes la pensión universal y seguro de desempleo, una iniciativa para limitar la contratación de deuda en estados y municipios, una ley de derechos humanos y la eliminación del fuero constitucional a los funcionarios.
Si bien es cierto que al sexenio le queda más de la mitad de gobierno, no dejaremos de presionar para que el Ejecutivo aborde con la misma prontitud y atención los temas pendientes, como lo hizo con los temas económicos que tanta controversia han causado.
No solo de reformas económicas vive un país, y es necesario que el Gobierno Federal realice cuanto antes los cambios pertinentes, y solo así podremos hablar del término de un ciclo reformador. Gracias. Hasta mañana.
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