Legalizando la criminalidad

Allá quien crea que en Michoacán, como en otros estados, la situación de inseguridad está resuelta. Las entidades tienen sus cinco minutos de atención gubernamental y los políticos creen que es suficiente para terminar con fuertes inercias criminales.

A principios de febrero, el gobernador michoacano Silvano Aureoles integró a la policía estatal a los últimos 792 autodefensas y declaro este movimiento como terminado. Dijo que no habrá más grupos civiles armados haciendo las tareas del gobierno, como lo enuncia la Constitución y la ley, y quienes quieran habrán de hacerlo en el marco de la ley y de las instituciones.

Esta acción no puede representar solución alguna porque recordemos que el origen de los grupos de autodefensas fue combatir a los grupos delincuenciales ante la ineficacia de la policía estatal, institución a la que ahora fueron obligados a ingresar.

La corrupción en los cuerpos policiales en Michoacán no es de hoy ni de ayer. Los nuevos elementos tendrán que alinearse a las corruptelas y complicidades de mandos medios y altos con el crimen organizado, como sucede en muchos estados del país, y se corre el riesgo de que con los nuevos integrantes se «legalicen» criminales infiltrados.

Con la extinción de las autodefensas, el mandatario estatal solo apaga un incendio y deja el infierno ardiendo, ya que al mismo tiempo de esta declaratoria aparecieron en el estado tres nuevos grupos criminales, fracturas del cartel «Los Caballeros Templarios».

El 6 de febrero en Zamora, Michoacán, narcomantas anunciaron el surgimiento del primero de ellos. El mensaje decía: «Se les avisa a toda la sociedad de Zamora y sus alrededores que comenzó la limpia de gente que apoye al «CJNG» (Cártel Jalisco Nueva generación), así como los que anden extorsionando, robando, secuestrando, violando y matando por paga. La limpia ya empezó y el aviso va para todos sin piedad, se castigará al que esté contribuyendo con estas lacras del CJNG, atentamente: `La Nueva Familia´».

Unas horas después apareció otro grupo que se hace llamar «Los Justicieros», en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lonas impresas anunciaron su presencia en el puerto, señalando que la plaza tiene dueño y pertenece «al señor narco de narcos». Analistas consultados aseguran que podrían estar ligados estrechamente con lo que queda del cartel de «Los Caballeros Templarios».

Y el domingo 7 circuló a través de redes sociales un video con duración de menos de un minuto de un grupo que se adjudica el nombre de «Insurgencia por el Rescate Institucional y Social, IRIS», en el que un encapuchado reclama al gobierno no acabar con los narcos infiltrados en escuadrones de policías comunitarios, y evidencia que ahora esos criminales podrían estar actuando desde la policía. Criminales legalizados pues.

El panorama no luce bien para una entidad envuelta en la violencia y la desesperanza, y el mandatario estatal en lugar de pasear a cantantes en helicópteros, debería poner manos a la obra ante las persistentes amenazas a su estado.

PARA EL REGISTRO Gracias a los lectores fieles de esta colaboración por sus comunicaciones recientes, pero sobre todo, por su lectura. Hasta mañana.