El desafío es claro: el crimen organizado amenaza la democracia mexicana y el próximo proceso electoral está seriamente comprometido en varias entidades del país.
La violencia durante elecciones se ha convertido desafortunadamente en una tradición y de hecho el crimen se ha impuesto en numerosas jornadas. Desde 1995, más de 100 candidatos políticos han sido objetivo directo de violencia criminal y han sido amenazados, secuestrados o ejecutados.
Analistas internacionales coinciden que la violencia de los grupos criminales deprime en gran medida la participación electoral y pronto será el abstencionismo quien gane las elecciones; por un lado, dicen, porque se ha convertido en un riesgo ser parte activa de una campaña electoral, y por el otro, porque existe siempre el temor de agresiones durante la votación misma.
Según estos analistas, lo que pasa en México es un fenómeno interesante porque aunque la violencia desmoviliza a los votantes, al mismo tiempo los empuja a las calles a manifestarse, arriesgando también sus vidas al hacerlo.
Según estudios del Instituto México del Centro Wodrow Wilson y de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la grave conjunción de democracia y violencia en territorio mexicano puede colapsar seriamente la participación política ciudadana en algunas regiones.
Advierten que la administración del presidente Enrique Peña Nieto debe valorar sobremanera los hechos violentos recientes, con un enfoque particular en Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos y Nuevo León, ya que los grupos criminales han intentado influir anteriormente en la política y las elecciones en estos estados.
Pero, ¿cómo puede el gobierno generar las condiciones para que los votantes puedan ejercer su derecho a votar libremente?
Primero, el día de elección el patrullaje por el ejército debe ser más allá de su tradicional intervención de llevar las papeletas hacia y desde la zona electoral.
Segundo, se deben hacer cumplir las medidas de seguridad para los candidatos en riesgo y amenazados, que las autoridades y partidos firmaron desde las elecciones del 2012. Aunque la eficacia de esta política depende de la voluntad de los candidatos para reportar las presuntas amenazas, y la capacidad y disposición de las autoridades de nivel superior y fuerzas armadas para protegerlos adecuadamente.
Y tercero, crear instituciones políticas fuertes, ya que la impunidad, la debilidad y la corrupción de las dependencias públicas continúan alejando a los votantes. Seamos honestos, la participación electoral en nuestro país se encuentra en franca caída, y sólo se levantará si México es capaz de construir instituciones fuertes capaces de controlar la violencia, sobre todo a nivel local.
No es suficiente monitorear antecedentes de los candidatos y sus fuentes de financiación, también es importante que cualquier vínculo entre la delincuencia y los políticos en campaña o funcionarios públicos sea investigado a fondo y castigado de manera ejemplar.
Sabemos que el fortalecimiento de las instituciones políticas es a largo plazo y el gobierno en turno debería comenzar ya ese proceso, porque la violencia y criminalidad erosionan día a día nuestra incipiente democracia.
PARA EL REGISTRO Menudo lío en el que se metió la otrora velocista y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. La grabaron pidiendo el voto para un candidato del PRI, partido que no la llevó al Senado. La han tildado de traidora, “buscachambas”, etc… pero ¿que no todos esos chapulines que brincan de un partido a otro para mantener su ingreso del erario no son lo mismo? ¡Por favor! Mal ella y mal los demás. Gracias. Hasta mañana.
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