A casi de un año de vigencia, el programa Frontera Sur no ha funcionado y no funcionará. Es una estrategia mal diseñada y mal implementada, y nos quieran convencer de lo contrario.
La víspera, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue a Chiapas a dibujar lo que puede ser un buen programa para una frontera como la que México tiene con Guatemala, pero ciertamente nos cuesta creer que se refiera al impulsado por el gobierno el 7 de julio del año pasado.
El funcionario aseguró que esta región es una de las más seguras y sigue disminuyendo en indicadores de delitos, y afirmó que los estados de esa zona son una prioridad para el gobierno federal y que los objetivos del programa son dos y van de la mano: ordenar flujos migratorios y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. En un severo análisis de hace apenas unas semanas, la organización no gubernamental WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) en los Estados Unidos, difiere completamente de los dichos del titular de Gobernación y pinta un panorama de grave retroceso en la defensa de los derechos humanos de migrantes que buscan ingresar a territorio mexicano por Guatemala.
México ha hecho poco para abordar las preocupaciones planteadas por WOLA y otras organizaciones de derechos humanos, y reportes continúan sobre la corrupción de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la nula mejoría del flujo migratorio.
El 31 de enero de 2015, por ejemplo, un periódico de Veracruz publicó sobre un agente del INM que permitió la salida de un migrante detenido a cambio de un soborno de aproximadamente 2 mil 680 dólares. Y como este caso, decenas y cientos.
WOLA asegura que México tampoco ha aumentado sus capacidades de protección de manera proporcional a su reforzamiento en la frontera, ya que el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sólo aumentó en un 4 por ciento entre el 2014 (aproximadamente US$1.66 millones) y el 2015 (aproximadamente US$1.73 millones).
Tampoco se avanza en una regulación migratoria, ya que los solicitantes de asilo se enfrentan a un difícil camino para obtener la condición de refugiado, y en 2014 sólo se aprobaron 16 por ciento de las solicitudes, un índice bajo en comparación con otros países.
La Mesa Transfronteriza Migraciones y Género recientemente documentó el caso de unos solicitantes de asilo salvadoreños y hondureños que fueron detenidos durante meses mientras esperaban una resolución para su caso, y al menos trece de ellos fueron sujetos al maltrato, incluso el abuso físico y verbal, por agentes del INM mientras se encontraban detenidos.
Para tratar estas anomalías del control migratorio, WOLA pide a México tomar medidas concretas para enfrentar el problema extendido de corrupción y abuso dentro del INM y otros organismos encargados de la seguridad fronteriza y de la inmigración.
Además, se necesita fortalecer e invertir en su sistema de protección, ampliando la presencia de la COMAR, incrementando la formación de los agentes del INM en la identificación de solicitantes de asilo y víctimas de la trata de personas y garantizando el acceso efectivo a la representación legal de los solicitantes de asilo.
Como se ve, poco o nada se ha avanzado y esta importante frontera sigue tan olvidada como siempre por un gobierno que no escucha a los organismos especialistas en el tema.
PARA EL REGISTRO La revelación de la PGR de que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene células en el Distrito Federal no sorprende a nadie. La Ciudad de México siempre ha sido un terreno neutral por un acuerdo no escrito de los grupos criminales que trafican droga. En la metrópoli viven las familias y estudian los hijos de los capos, así que es un terreno, digamos, intocable. Es más, hace más de un año trascendió que los cárteles se repartieron la ciudad y “conviven” en sus calles, a diferencia de la lucha que protagonizan en el interior de la República. ¿Interesante no? Gracias. Hasta mañana.
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