El mes pasado, citando preocupaciones sobre los derechos humanos, los Estados Unidos retuvieron alrededor de cinco millones de dólares en asistencia antinarcóticos a México contemplados dentro de la Iniciativa Mérida.
El gobierno de Barack Obama se negó a certificar que nuestro país reunió condiciones impuestas a la ayuda bajo la Enmienda Leahy, una reforma a la ley norteamericana referente a operaciones en el extranjero que prohibe ayuda antidroga a unidades de fuerzas de seguridad implicadas en violaciones graves de derechos humanos.
Y es que después de algunas evidencias de que la violencia se redujo en 2013 en México, los asesinatos suben de nuevo y el territorio nacional se ha visto sacudido por episodios chocantes, sobre todo la desaparición no resuelta de 43 estudiantes en Guerrero, y los casos de ejecuciones sumarias por las fuerzas armadas mexicanas. Esto provocó la reducción de ese 15 por ciento, y aunque más de 140 millones dólares continúan fluyendo, la decisión de negar recursos fue ovacionado por los defensores de los derechos humanos.
Sabedor de que el “castigo” del gobierno vecino tiene fundamentos, la Presidencia de Enrique Peña Nieto reaccionó tímidamente a esta medida, una postura no esperada en aquel país, y limitó su respuesta a una declaración que criticaba «prácticas unilaterales». Al final la aceptó sumisamente y centró la atención en la «profunda y madura relación bilateral» entre ambas naciones.
Expertos aquí aseguran que este discurso pretende mantener sin cambio el recurso restante en la Iniciativa, pero legisladores y analistas en Estados Unidos dan por sentado que es la aceptación tácita de que en territorio mexicano no hay garantía alguna para los derechos humanos.
Nos aseguran que allá han escuchado las crecientes preocupaciones de los ciudadanos mexicanos sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas, e incluso autoridades de aquel país podrían más adelante centrar su discurso en una obligada evaluación de la participación de militares en la lucha contra la inseguridad en México.
Hay buenas razones para retener ese dinero y una certificación positiva de EU de un progreso mexicano en materia de derechos humanos hubiera sido la burla mientras los traficantes, la policía, las fuerzas de seguridad y los políticos mexicanos sigan evadiendo su responsabilidad.
En resumen, la estrecha cooperación contra los cárteles de la droga va a continuar, pero por desgracia también lo hará la violencia y las violaciones a los derechos humanos en México.
PARA EL REGISTRO En más de una ocasión maestros de escuelas cercanas a balaceras en muchos estados del país han actuado heroicamente para salvaguardar la integridad de los escolares; pero que la violencia cierre escuelas y deje sin educación a nuestros niños como en Guerrero, es inaceptable. Urge una acción de todos los niveles de gobierno, porque si no garantizamos la educación a los niños, fracasaremos como país. Gracias y buen inicio de semana.
@betata75
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