Parafraseando la máxima de los demócratas de que “las dictaduras siempre comienzan con el rechazo público a la prensa”, lo que hizo la víspera Donald Trump a los medios de comunicación estadunidenses es poca cosa a lado de lo que podría pasar iniciando su mandato.
En la singular conferencia de prensa que ofreció el miércoles por la mañana, Trump, acompañado de un abogado, aseguró que dejaría que sus hijos gestionaran todas las operaciones de sus empresas, pero prestigiados abogados aseguran que esta decisión no es suficiente como para que no viole la Constitución de los Estados Unidos.
En el Artículo I, Sección 9, de dicho documento se declara: «Y ninguna Persona que tenga ninguna oficina de beneficio o fideicomiso bajo sus órdenes (en los Estados Unidos), aceptará, sin el consentimiento del Congreso, cualquier presente, emolumento, cargo o título, de un reino, principado o gobierno extranjero».
La llamada cláusula de emolumentos tiene por objeto restringir la capacidad de los gobiernos extranjeros para influir en los funcionarios estadounidenses, y también fue diseñada para prevenir conflictos de intereses. En síntesis, esta restricción se proporciona para prevenir la corrupción y prohíbe que un funcionario federal reciba algo de valor de un país extranjero.
Esta cláusula se aplica a todos los que tienen «oficina» en el gobierno de los Estados Unidos, y la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia ha declarado explícitamente que esto incluye obviamente al presidente.
Para el destacado abogado Erwin Chemerinsky, catedrático de la Universidad de California y quien publicó un interesante artículo al respecto en el periódico Los Ángeles Times, las explotaciones comerciales de Trump son incompatibles con la cláusula de emolumentos.
Tan solo un ejemplo, el mayor inquilino en el edificio Trump Tower es el Banco Industrial y Comercial de China, y pertenece a la República Popular de China. Por lo tanto, los pagos de alquiler constituyen un emolumento —un salario, honorario o beneficio— de un estado extranjero.
He ahí la violación de la Carta Magna en la que podría incurrir el señor Trump, a quien poco le importa lo legal de sus negocios. Es más, un informe reciente de la Brookings Institution —organización que vela por la legalidad de funcionarios y sociedad en general en aquel país— advierte: «La conclusión es simple: el Sr. Trump se beneficia personalmente, de manera innumerable y en gran medida oculta, de las decisiones que toman cada día los gobiernos extranjeros y sus agentes».
En una palabra, la mayoría de los estadunidenses votaron por una persona que no solo se confrontará con los medios que lo critiquen en cuanto tome posesión, sino que violará a diario la Constitución de su país por no querer dejar sus negocios de lado y dedicarse de lleno, y legalmente, a velar por el bienestar de quienes votaron por él.
PARA EL REGISTRO Volviendo al país, dice el presidente Enrique Peña Nieto que el gasolinazo que tiene al país al filo de una severa crisis económica no fue parte de las reformas estructurales que impulsó desde principios de su gobierno; pero el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, asegura que es consecuencia de estas reformas. ¿A quién le cree usted? Agradezco sus comunicaciones a mis vías de contacto y les deseo un buen fin de semana. Gracias.
@betata75
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