Con el objetivo de cambiar el sistema de justicia en México que es lento, oscuro, corrupto e ineficiente, en marzo pasado el gobierno promulgó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación pendiente desde junio de 2008, en la cual se fijan las reglas que deberán seguir los juicios orales en todo el país.
El documento sustituirá a los 33 códigos actuales —uno federal y los 32 locales— y entrará en vigor de forma gradual, sin que esto exceda el 18 de junio de 2016, según los artículos transitorios del decreto.
Esa es la fecha límite para poner en funcionamiento la reforma de justicia penal aprobada en junio de 2008, con la que se busca reemplazar el actual sistema inquisitorio (basado en expedientes) por uno acusatorio (basado en juicios orales).
Como se sabe, en los procesos penales intervienen policías, Ministerios Públicos, Jueces, abogados, testigos y peritos en un mundo de irregularidades por la naturaleza escrita de los procedimientos. Es aquí en los juzgados donde convergen las prácticas de corrupción.
Tan burdo es el sistema, que el juicio se basa en «integrar el expediente», lo que significa que el Ministerio Público tiene que redactar cientos o miles de hojas para sustentar su caso y entregarlo a un Juez, quien deberá leerlo y dictar sentencia sin haber si quiera escuchado a ninguna de las partes.
De hecho, según estudios realizados por juristas, en muchas ocasiones los acusados en su proceso judicial jamás vieron al juez que conoció de su caso, y el hecho de que el juez no esté presente en las audiencias y que no exista un juicio formal donde se escuchen a las partes genera incentivos a la corrupción, además de desconfianza social a las instituciones de justicia.
Los juicios orales fueron presentados como la panacea del nuevo sistema procesal judicial en los que se pretende reinen sus principios fundamentales: la inmediación, la contradicción, continuidad, concentración y rapidez. Y puede que sea verdad.
A través de la transparencia y la eficiencia, toda vez que los casos son ventilados públicamente, frente a la presencia del Juez y de las partes, los acusados y víctimas tienen la oportunidad de presentar sus argumentos de viva voz, frente a todos.
Pero he aquí el reto que será el Talón de Áquiles para la implementación de estos juicios: la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces, personajes de arraigadas malas costumbres y reacios a los cambios.
Según estudios del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (Cescijuc), la implementación de los juicios orales no eliminará problemas que tienen que ver más con el tejido social que con un nuevo instrumento de impartición de justicia.
Los juristas aseguran que no todos los jueces y litigantes están preparados en este procedimiento, en el que se deben revisar directamente las pruebas y escuchar a las partes involucradas.
Pero veamos; con una implementación de sólo el 50% del nuevo sistema acusatorio caracterizado por la oralidad, México es el último en implementar los juicios orales en América donde nos llevan ventaja de años y a veces hasta décadas.
Por los 95 mil presos no sentenciados en México se gastan mil 976 millones de pesos cada año y los reos sin sentencia representan el 44% de la población en los 447 establecimientos penitenciarios.
Actualmente, en el país se inician 250 mil juicios cada año, los procesos penales duran en promedio 160 días y pueden prolongarse incluso años, un asunto penal con sentencia en primera instancia, apelación y amparo integra un expediente que llega a tener más de mil 200 hojas, mientras en el juicio oral la sentencia se dicta en menos de 60 días.
Así, una destreza fundamental que deben aprender los abogados y jueces será organizar sus ideas y estar motivados al cambio de presenciar lo que antes leían, pero el atraso en la capacitación, la limitación de esta nueva modalidad para la corrupción y viejas inercias darán al traste con un instrumento innovador. Aquí el problema no es el procedimiento, sino quienes lo ejecutan. Gracias. Hasta mañana.
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