De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diciembre de 2015 se contabilizaron 26 mil 128 personas desaparecidas en México. A principios de marzo de 2017 esta cifra oficial se elevó a 30 mil 942 lo que implica un aumento —al menos— de 4 mil 814 casos de desaparición en el país.
Organismos civiles acusan que este incremento es producto de la inseguridad y la militarización. Un ejemplo reciente es el caso registrado en enero de 2017 cuando una familia que viajaba de Oaxaca a Veracruz fue víctima de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada por parte de miembros de la Marina.
Pero la realidad puede ser peor de lo que se pensaba. Colectivos de familias de personas desaparecidas —de México y de Centroamérica— y organizaciones que las acompañan han advertido que la cifra oficial no representa la gravedad de las desapariciones en México, y se desconocen actualmente las cifras exactas.
Se considera que de 10 desapariciones sólo 2 se denuncian por el temor ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias debido a la colusión, en algunas regiones del país, de las autoridades con el crimen organizado.
A esto hay que añadir que de manera irregular las autoridades no inician la denuncia como desaparición y lo hacen por otros delitos como trata de personas, o secuestro y se descarta que se trate de un caso de desaparición sin haber investigación de por medio.
Es más, en el registro oficial tampoco están los miles de migrantes centromericanos que desaparecen en el país en su tránsito hacia Estados Unidos. Por lo que las cifras oficiales de personas desaparecidas no son acordes con la realidad.
¿Qué se ha hecho para solucionar esta problemática? Nada. Ni a la administración de Enrique Peña Nieto ni al Congreso de la Unión les interesa impulsar la iniciativa de proyecto de Ley de Desaparición Forzada, que se encuentra desde hace más de un año en la congeladora.
A pesar de que en el primer periodo de sesiones de este 2017 se tenía contemplado discutir las leyes no solo en materia de desaparición forzada, sino también contra la tortura, además de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, una fuente en el Palacio Legislativo federal de San Lázaro cuenta a Apuntes y Relatos que la premisa del gobierno en torno al tema es que se mantenga en suspenso todo el tiempo que se pueda.
¿El motivo? Simple, el proceso electoral en varios estados del país, que tiene ocupado en pleno al Gobierno Federal y al PRI en ambas cámaras del Congreso. Triste y lamentable que la premisa tras esta consigna del presidente sea de un profundo desprecio por el dolor de las miles de víctimas.
PARA EL REGISTRO Esta misma fuente nos asegura que el Partido Revolucionario Institucional prácticamente se paralizará de aquí hasta junio. Nada de iniciativas, ni de proyectos de ley que puedan afectar las preferencias electorales. Es la línea de Los Pinos, dicen. Gracias y hasta mañana.
@betata75
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