Las constantes violaciones a los derechos humanos, la galopante inseguridad, la precaria economía y el poco avance de la clase trabajadora para lograr un mejor bienestar, ha provocado que en el exterior se vea a un México envuelto en una ola de pesimismo puro.
Algunos analistas internacionales, ávidos observadores de nuestro país, cuentan a esta columna que no han sido bien vistas las decisiones del gobierno mexicano en torno a justicia, economía y desarrollo social.
Dicen que lo hecho por la administración de Enrique Peña Nieto y algunos gobernadores estatales en el último trienio puede traducirse fácilmente en una sola palabra: frustración.
Un interesante estudio del Centro Wodrow Wilson en los Estados Unidos confirma este análisis y asegura que esta sensación que respiran los ciudadanos mexicanos se debe principalmente a los constantes actos de corrupción y los escándalos de seguridad provocados por éstos.
Casos como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los audios privados que muestran a contratistas del gobierno en contubernio en obras de infraestructura, entre otros, han contribuido a la creencia fundada de que la corrupción es uno de los problemas más difíciles que México enfrenta actualmente.
El gobierno, dice el informe, ha demostrado ser incapaz de disminuir esa frustración, y por lo tanto está pagando un peaje brutal en términos de credibilidad; aunque sería inexacto describir el problema como una batalla entre los funcionarios corruptos y algunos ciudadanos… en México, apunte propio, todos somos víctimas.
La verdad es que aunque haya funcionarios limpios y comprometidos para terminar con la corrupción, sería difícil procesar este tipo de delitos porque hay pocas herramientas legales para ello.
Estamos en un círculo vicioso que nadie se ha atrevido a romper. Los políticos no tienen incentivos para cambiar la ley, y la corrupción continúa porque no hay un marco legal adecuado para castigarla. Sólo la sociedad civil se ha atrevido a romper el ciclo, pero hasta ahora de manera muy tímida y sin las herramientas legales necesarias.
La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado es un logro, pero le urge la participación de la sociedad para que el reglamento llamado Ley 3 de 3, que define castigos claros a actos de corrupción, siga adelante, y estos analistas confían en la indignación que embarga a muchos mexicanos para ello.
Luego de la guerra contra las drogas llega una batalla contra la corrupción y es necesario terminar con esa plaga original que ha infectado la mayor parte del sistema judicial.
PARA EL REGISTRO Siempre respetuoso de las formas políticas, un entusiasta de Andrés Manuel López Obrador me asegura que esta es la elección buena para el tabasqueño y que de no llegar a la silla presidencial en 2018 este país arderá… ¿en serio? Después de tantos años me sigue sigue sorprendiendo el tinte mesiánico con el que el ex priista maneja a sus simpatizantes. Gracias y hasta mañana.
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ANTONIO BETANCOURT
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