La ayuda que el gobierno de los Estados Unidos proporciona a México para la lucha contra la delincuencia organizada podría estar en riesgo debido al uso indebido de la fuerza por parte de policías y militares.
Hace unos días un reportaje de Arturo Rangel en Animal Político documentó escrupulosamente la carencia de un manual público de uso de la fuerza de la Policía Federal, por lo que no hay normas vigentes que definan cuándo un miembro de la policía puede usarla –incluyendo la letal–, en otra persona.
Lo único que se tiene es un documento publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SFPS), disuelta en 2012, que distingue cinco niveles de la fuerza, el nivel más alto la letal, que sólo puede ser empleada “cuando los otros modos son ineficaces”, y se utiliza en la “moderación”, con el objetivo de “reducir las lesiones y el daño al mínimo”.
Pero estas directrices no definen lo que constituiría un uso ilegítimo y queda en duda ¿qué objetivos pueden ser atacados o no? ¿cómo se deben utilizar armas de fuego? y si se permite disparar desde vehículos, casas, u otros vehículos en movimiento.
El Ejército y la Marina tienen un manual que ofrece restricciones claras sobre el uso de la fuerza, por ejemplo, que las tropas no puedan disparar a través de paredes, ventanas o barreras, o a vehículos en movimiento, a menos que exista un riesgo de mortalidad. El manual no requiere que las tropas deban ser atacadas primero antes de tomar represalias.
Este manual establece que los siguientes requisitos deben justificar el uso de la fuerza: que exista una intención agresiva; que la amenaza sea real y no hipotética, y que la amenaza sea actual e inminente.
Las más recientes estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina revelaron —a través de solicitudes de transparencia—, que entre diciembre de 2006 y 2014, cuatro mil 74 presuntos agresores murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas. Durante ese mismo período, 200 miembros del ejército perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Hay muchas dudas del actuar de las autoridades civiles y militares en casos como Tlatlaya, Estado de México, y Tanhuato, Michoacán. Existen testigos que afirman que en esos sucesos hubo ajusticiamientos por parte de fuerzas federales y un descontrolado uso indebido de la fuerza.
Ante estos hechos que no se han investigado fehacientemente, la ayuda militar y policial de Estados Unidos a México podría detenerse. Este apoyo ha totalizado más de 2 millones de dólares desde el 2006 y autorizó un total de 4.8 mil millones de dólares en ventas comerciales de armas a México entre el 2008 y el 2013.
Se sabe que la Policía Federal está usando armas proporcionadas por los Estados Unidos, y la falta de transparencia y la ausencia de las normas sobre las prácticas de esa institución es tan alarmante que ha provocado que el gobierno de Barack Obama crea que puedan estar siendo mal utilizados.
La ley estadounidense establece que hasta un 15 por ciento de la ayuda a través de la Iniciativa Mérida no se dará a nuestro país si México no enjuicia adecuadamente los abusos de derechos humanos en los tribunales civiles. Urge entonces la publicación de guías de uso de la fuerza, porque solo así el gobierno mexicano estaría cerca de crear una Policía Federal más responsable.
Expertos en seguridad internacional aseguran que en Estados Unidos analizan comenzar una campaña de presión para que estas directrices sean creadas y publicadas, y se proporcione la debida información que garantice que el dinero de los contribuyentes no esté financiando fuerzas abusivas.
PARA EL REGISTRO Conforme avanzan las horas, la crisis electoral del PRD se hace más grave. Con la conclusión del cómputo distrital en el Distrito Federal, el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, tomo el control de la Asamblea Legislativa al ganar 18 distritos electorales. No queremos ni imaginar cómo se vive el ambiente en el partido ahora mismo. Gracias. Hasta mañana.
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