Hace unas horas escuchamos esta conversación —palabras más, palabras menos— en una mesa contigua de un céntrico café en la Ciudad de México:
— Este asunto de Iguala ¿ni para atrás ni para adelante verdad?
— Sí, está feo el asunto, la verdad creo que estamos llegando a un punto sin retorno, esto ya está muy mal, digo, México ya no es el de antes, está mal, ya ni siquiera en los lugares que antes creíamos seguros lo estamos, nadie lo está.
— Sí, no solo es lo de los estudiantes, es todo, la delincuencia nos dice cómo vivir y eso no puede ser. Ya no puedes cargar mucho efectivo, nada de joyas, el celular escóndetelo donde no te esculquen…
— Sí, como siempre aquí nada se resuelve, como siempre buscarán un chivo expiatorio y nos darán atole con el dedo, como siempre lo hacen, los políticos y esos del poder siempre hacen lo mismo, capturan ahí a unos cuantos, nos dicen que son los culpables y listo, al rato ya ni quien se acuerde.
Lo cierto es que la desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero, deja ya pocas esperanzas de encontrar a los jóvenes con vida. El gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta una gran presión en México y esta tragedia, que multitudes han hecho suya, es ya un problema político internacional.
Han pasado ya casi dos meses sin que los esfuerzos de localizar a los desaparecidos hayan logrado un buen resultado, en gran medida porque los criminales se afanaron en no dejar la menor huella de su acto atroz.
Urge un cambio profundo en el sistema judicial en México para evitar hechos como los de Iguala; la crisis de inseguridad subsiste porque la policía, el Ministerio Público y los jueces han ido en constante degradación y ya no sirven para prevenir la persistencia criminal y para perseguirla.
El sistema está plagado de incentivos que no castigan la ineficacia, y que en gran medida propician la colusión de gobernantes y servidores públicos con la delincuencia organizada.
La solución es clara, los especialistas lo han dicho desde hace algunos años; para que el sistema de justicia penal funcione, la permanencia en los cargos judiciales debe depender de los resultados, así, si los funcionarios no logran bajar los delitos y no persiguen a los delincuentes, o peor aún, se unen a ellos, sencillo, deben irse.
Mucho se ha dicho en los últimos días acerca de la unión de partidos políticos con organizaciones sociales en pos de un pacto para mejorar el sistema de justicia, pero el problema con esta idea es que ya ha habido este tipo de iniciativas sin que haya mejoras.
Insistimos, un pacto ante la crisis actual debería de contener al menos dos premisas: primero, la permanencia en los cargos públicos debe definirse conforme a la eficacia, y segundo, se debe implementar un verdadero y duro castigo a la colusión de gobernantes y servidores públicos con criminales… el problema es que no se ven acciones encaminadas a ello.
PARA EL REGISTRO En tres meses se emitirán las recomendaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que asesorarán en la pesquisa por los 43 normalistas desaparecidos. Se dice que las recomendaciones serán tomadas por el Estado mexicano para fortalecer sus capacidades institucionales y enfrentar el delito de desaparición forzada. El equipo de expertos tendrá un mandato de seis meses, que puede ser renovable, y el acuerdo de asistencia será oficializado este martes. Es largo el plazo, pero importante su veredicto, así que estaremos atentos. Gracias y hasta mañana.
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