En esta especie de “guerra fría” en la que se ha convertido la reforma educativa, quizá el episodio más álgido se suscitó hace unos días en la oficina del secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer. El funcionario federal tuvo que regañar a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por las protestas e insistente rebeldía de los docentes en sus estados, y su poca atención a ello.
Así, literal, fue un regaño, sin aspavientos, sin levantar la voz, pero firme. El secretario citó a los mandatarios locales y les habló de los esfuerzos del Gobierno Federal para hacer cumplir la ley y meter en cintura a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que insisten en rechazar la reforma educativa.
Les explicó que irían hasta las últimas consecuencias y eso implicaba a las autoridades judiciales federales, pero sobre todo a las locales, ya que los docentes, un día sí y el otro también, atentan contra la integridad y el patrimonio de terceros, utilizando las protestas sociales.
La reunión, dicen, fue cordial, pero tuvo momentos tensos, sobre todo cuando se les pidió involucrarse de manera personal y a sus gobiernos en hacer cumplir la ley. Se les advirtió que si bien la SEP hace su trabajo al sancionar y cesar a los quejosos, ellos deben hacer el suyo para frenar de una vez por todas el avance de la inconformidad.
Nos dicen que aunque los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco; Oaxaca, Gabino Cué; Guerrero, Héctor Astudillo, y Michoacán, Silvano Aureoles, estuvieron de acuerdo, no se veían muy convencidos de compartir el papel del malo del cuento, y habrá qué ver si le toman la palabra al gobierno federal.
Por lo pronto siguen vigentes 28 órdenes de aprehensión en contra de maestros adheridos a la CNTE y normalistas de Michoacán, por diversos delitos como daños y robo, aunque no se sabe si se trata de los líderes magisteriales o no.
PARA EL REGISTRO Otro que resultó regañado fue el senador priista Omar Fayad, “autor” de la iniciativa de ley para castigar delitos informáticos que elaboró en conjunto con la Policía Federal. Nos cuentan que la cúpula priista en el Senado cuestionó severamente que metiera ruido político innecesario hacia su bancada en medio de la discusión del paquete presupuestal del 2016. Y también nos dicen que se le cuestionó sobre los orígenes de dicha iniciativa, que todos sabemos —y por él mismo—, que fue la Policía Federal. Pues bien, el legislador solicitó ya que se retire de manera formal su propuesta que causó gran polémica por “criminalizar” el uso de la red o poner límites a la libertad de expresión. Dijo que replanteará la construcción del proyecto con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de cíber-crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión. Todo cae por su propio peso. Gracias y hasta mañana.
@betata75
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