A pesar de lo que digan las cifras oficiales, la percepción general es que como país hemos perdido la batalla contra la delincuencia. Sin pretender emitir generalizaciones, denuncias ciudadanas en redes sociales confirman que a todas horas y en todo momento hay delitos cometiéndose, lo mismo en colonias de clase alta que en barrios marginados y pobres.
Un alto porcentaje de ellos no llegan a los Ministerios Públicos porque se sabe que poco o nada se investiga al respecto, o simplemente por el temor de que los criminales estén coludidos con los encargados de brindar justicia y seguridad.
¿Los gobiernos son los culpables? Sí y no. Sí, porque son los encargados de brindar seguridad y ofrecer una correcta aplicación de la justicia, pero no logran ni lo uno, ni lo otro. Y no lo son, porque no debemos caer en el lugar común de culparlos de todo y olvidar nuestro papel como sociedad.
Pues bien, dos académicos mexicanos han dado a conocer un nuevo estudio que analiza precisamente los factores sociales que influyen en los índices de criminalidad en los barrios más violentos de la Ciudad de México y zona central del país.
Carlos Vilalta y Robert Muggah observaron municipios y delegaciones y dividieron el territorio en 76 unidades —poco más de 20 millones de personas— que concentran la mayoría de los hechos criminales en la zona.
El análisis se centra en fenómenos sociales que escapan a las autoridades y, para sorpresa, documentaron que entre los más notables está la proporción de madres adolescentes y solteras, la baja participación electoral, la desigualdad en el ingreso y, en menor medida, el número de menores que son incapaces de avanzar en sus estudios.
Con estos índices, Vilalta y Muggah piden a gobiernos redoblar la inversión social para proteger a las familias trabajadoras, especialmente, las familias cuya jefa sea una mujer, así como las madres solteras, con especial atención a las madres solteras adolescentes.
No se trata, dicen, de condenar a las mujeres que se embarazan sin haberse casado, sino de prevenir embarazos adolescentes, así como también de aumentar las oportunidades tangibles, reales, para que los jóvenes puedan acceder a educación y empleo.
Muy revelador lo que pide este informe, pero seamos honestos, a los gobiernos no les importa el deterioro social, y mientras a los políticos de todos niveles no les interese cumplir con sus obligaciones, hogares y barrios en marginación seguirán siendo semillero de delincuentes.
PARA EL REGISTRO Dicen que la tercera es la vencida, pero la necedad de la Procuraduría General de la República al mando de Arely Gómez para defender la versión de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, raya en lo épico. Dos peritajes anteriores han echado por tierra la versión que defendió con todo el ex fiscal Jesús Murillo Karam, y este nuevo intento, cuyos resultados se conocerán a finales de marzo, será igualmente infructuoso. Al tiempo. Gracias y buen inicio de semana.
@betata75
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