Unos meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo, analistas advirtieron sobre el panorama que enfrentaba el nuevo gobierno en torno al narcotráfico y el consumo de drogas.
La administración panista dejó un país sumido en la peor violencia de grupos criminales de la que se tenga memoria, y se disparó un creciente mercado de drogas que irremediablemente alentó el consumo.
Y aunque no es nuevo decir que el gobierno priista ha fallado en su lucha contra las drogas a pesar de la captura de grandes capos, un somero análisis sobre su estrategia a tres años nos permite ver la correcta dimensión de su fracaso.
La política antinarco que se emprendió desde el 2012 tiene irremediablemente un error de origen al centrar sus esfuerzos en el arresto de los barones de la droga, porque se ha comprobado que esto no busca terminar con el narcotráfico.
Con un fino cálculo político, los estrategas de Peña Nieto le armaron una campaña antidrogas que permitiría al gobierno permear en la opinión pública las bondades de descabezar grupos criminales como un triunfo. Es más, insistieron en llamar a esto una “desarticulación”, como si capturar a esa persona inhabilitara a las demás.
Insisten en vender la idea de que descabezar temporalmente a los grupos criminales detiene la venta de drogas, cuando en realidad ésta ni siquiera se afecta y los delitos conexos siguen vigentes en todos los hogares del país.
Los objetivos de aquella estrategia fueron: 1, fortalecer las instituciones de seguridad; 2, disminuir, detener o evitar el consumo de drogas; 3, Desarticular a las organizaciones criminales, y 4, recuperar los espacios públicos.
Y aunque en teoría parecen viables y certeros, con el tiempo se convirtieron en objetivos muy amplios, muy ambiciosos y que terminaron con estorbarse entre sí.
Casos internacionales demuestran que el fortalecimiento institucional y la disminución del consumo son esfuerzos de largo plazo que difícilmente se logran en una administración de seis años.
La poca visión de la presente administración ha ocasionado que ni siquiera se preocupen en crear una red de programas públicos, con la cobertura y el financiamiento suficientes, orientados a conseguir ambos fines. Es más, el combate al consumo drogas sigue siendo una asignatura pendiente y dadas las actuales tendencias, cobrará cada día mayor importancia.
En cuanto a los objetivos de corto plazo —desarticulación de las bandas y recuperación de los espacios— los resultados son contradictorios ya que “desarticular” cárteles con la detención de sus líderes ha propiciado su multiplicación y diseminación geográfica y, con ello, la elevación de los niveles de violencia en nuevos puntos del país.
La violencia endémica en las zonas ocupadas por el narco se ha convertido, a su vez, en un gran obstáculo para recuperar los espacios públicos. La “desarticulación” basada en el descabezamiento de liderazgos, propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales.
Actualmente, todos los estados del país (salvo Tlaxcala) registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios.
El gobierno ya no debe centrar esfuerzos en detener al miembro prominente de la organización, porque se sabe que el segundo o el tercero al mando toma el control en cuestión de horas.
Si realmente se quiere desarticular un grupo criminal, es hora de que funcionarios de todos los niveles de gobierno, coordinados en una extrema inteligencia, emprendan acciones que permitan capturar al mayor número de criminales posibles en una sola exhibición.
Los grupos criminales en México están considerados como los más peligrosos del mundo y las autoridades han subestimado su poder.
Estas bandas tienen un moderno, abundante y potente acervo de armas. Poseen alta inteligencia y contrainteligencia, y han logrado penetrar los niveles de gobierno; tienen una abundante reserva humana para sostener una guerra larga y costosa y hasta cuentan con la protección social en innumerables comunidades del país, dado su papel como benefactores.
Con todo esto, urge replantear la estrategia antinarco desde un punto de vista social, y ya no político. Así de simple.
PARA EL REGISTRO Hace muchos ayeres, cuando nos adentramos en el mundo del periodismo aún sin salir de la universidad, el periódico La Jornada era parte de un referente obligatorio para entender la situación política y social que enfrentaba México previo a la alternancia en el poder. Hoy leemos con tristeza que aquel rotativo de lectura obligatoria agoniza, afectado por aquello que siempre criticó: un desfalco al interior. Lamentable *** Gracias. Hasta mañana.
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